Existe una forma de corrupción que nunca aparece en los expedientes judiciales ni en los informes de organismos internacionales. No tiene nombre en los códigos penales y no genera titulares. Es, sin embargo, la más peligrosa de todas: la corrupción que deja de parecer corrupción.
Esa que se instala en el lenguaje cotidiano como pragmatismo indolente, como supervivencia, hasta que casi se convierte en sentido común. Cuando una sociedad llega a ese punto —cuando la transgresión se vuelve la norma y la norma se vuelve indefensa— el daño ya no es meramente institucional. Es algo mucho más profundo: un daño a lo que somos.
Venezuela llegó a ese punto. Y reconocerlo no es un ejercicio de autocastigo; es el primer paso para despertar hacia una transformación real.
Durante más de dos décadas, el modelo que capturó al Estado venezolano no se sostuvo únicamente mediante la represión. Se hizo experto en una suerte de pedagogía invertida, sistemática y eficaz. Me refiero a la enseñanza implícita de que el acceso a recursos, oportunidades y protección no dependía del mérito o de los derechos, sino de la lealtad, la complicidad y la disposición a mirar hacia otro lado.
Esa pedagogía produjo alumnos distinguidos:
- Generó empresarios que aprendieron a sobrevivir negociando con el poder.
- Multiplicó funcionarios que llegaron a entender que la distinción entre lo público y lo privado era una formalidad decorativa.
- Pero, sobre todo, desconstruyó ciudadanos que aprendieron a resolver lo que el Estado les negaba a través de los mismos canales que el propio Estado había corrompido.
La pregunta que enfrenta Venezuela hoy no es solo cómo cambiar las instituciones. Es cómo revertir esa pedagogía. Cómo desaprender lo que se nos enseñó mediante la repetición y la necesidad.
La responsabilidad del cambio cultural
La respuesta exige que reconozcamos lo que nos ha pasado, no como un castigo colectivo, sino como una condición necesaria para superarlo. La reconstrucción de la moral pública no puede ser tarea exclusiva de una transición y sus líderes; es responsabilidad de todos los venezolanos y es urgente.
No podemos llegar a la democracia fingiendo que la corrupción fue únicamente un asunto de Maduro y su entorno, como si hubiéramos sido espectadores inocentes de un crimen totalmente ajeno a nosotros. Esa narrativa es emocionalmente comprensible, pero es estratégicamente falsa y moralmente insuficiente. Ha llegado el momento de dejar de normalizar lo inaceptable; de lo contrario, estaremos condenados a repetirlo bajo otras formas y otros nombres.
Esto no significa paralizarse por la culpa. Al contrario, significa transformar la culpa en responsabilidad activa. Significa entender que la transición no se completa el día que cambia el gobierno; se logra el día que cambia la cultura. Y ese cambio cultural necesita ser liderado, nombrado y encarnado por alguien. Nos encontramos, en ese sentido, en un momento verdaderamente extraordinario.
El valor de la integridad como capital político
Aquí es donde el valor de María Corina Machado deja de ser meramente político y se convierte en algo más esencial. En un país donde la corrupción fue, por décadas, el precio de entrada al poder, haberse mantenido firme frente a los abusos del sistema no es un mérito menor ni una virtud decorativa: es capital político de primer orden y una declaración de principios sobre la clase de Venezuela que aún es posible construir.
Haber resistido durante más de veinte años —con el aparato del Estado en contra, con su libertad personal en permanente peligro, bajo todas las formas imaginables de presión— sin ceder ni negociar su integridad, no es solo valentía. Es una demostración práctica, concreta y visible de que la alternativa existe. De que no todo fue corrompido. De que hubo venezolanos que, incluso bajo las circunstancias más adversas, eligieron distinto.
Hacia una nueva cultura pública
Ese ejemplo no puede quedar guardado en la biografía de una mujer excepcional. Debe convertirse en la historia de una nueva cultura pública venezolana. MCM y quienes estamos con ella tenemos hoy una tarea que va mucho más allá de ganar elecciones o gestionar una transición: estamos obligados a elevar el estándar de lo que se considera aceptable en la vida pública de este país.
Y debemos hacerlo no con retórica, sino con acciones y estructuras concretas:
- Transparencia radical en la gestión pública.
- Meritocracia genuina en el acceso a cargos y oportunidades.
- Justicia que no haga distinción entre amigos y adversarios.
- Una narrativa nacional que vuelva a celebrar el trabajo honesto, el esfuerzo individual y la construcción colectiva como los valores que definen al venezolano.
Esto exige innovación. Los métodos convencionales de comunicación política ya no son suficientes para transformar una cultura a esta profundidad. Se necesita algo más cercano a lo que los grandes procesos de refundación nacional siempre han requerido: una estrategia que dé a la gente no solo razones para cambiar, sino una nueva identidad en la cual reconocerse.
Una Venezuela donde la honestidad no sea excepcional, sino lo esperado. Donde la transparencia no sea la virtud de unos pocos, sino la condición de todos, y donde el mérito recupere el valor que el régimen se esforzó tanto en destruir.
En 1985, el sociólogo estadounidense Charles Tilly argumentó que lo que separa al Estado del crimen organizado no es su estructura interna, sino las limitaciones institucionales y morales que rodean al poder. Venezuela tiene hoy la oportunidad histórica —y la obligación generacional— de reconstruir ambas. La primera, a través de leyes e instituciones; la segunda, a través del ejemplo, la rendición de cuentas mutua y la decisión colectiva de nunca más llamar normal a lo que nunca debió serlo.
Este es el verdadero cambio irreversible —y eso significa hasta el final. Comienza antes de que llegue la democracia, no después.
Traducido por Gemini
https://medium.com/@albertoray/a-venezuela-where-honesty-is-expected-865dbba063f8