El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos. El primero tuvo una magnitud de 7.2. El segundo ocurrió 37 segundos después, con una magnitud de 7.5.Este evento sísmico doble muestra la vulnerabilidad sistémica del Estado venezolano, y las consecuencias de casi 30 años de erosión de las capacidades estatales.
Desde un punto de vista humano, este desastre natural está destrozando miles de vidas. La cifra de muertos, al sábado 27 de junio, supera las mil personas, pero el conteo crece rápidamente con el paso del tiempo, mientras hay personas que permanecen atrapadas bajo los escombros sin recursos suficientes para sacarlas con vida.
El terremoto es un punto de inflexión para Venezuela, que inició el año 2026 con otro evento inesperado: la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos, y la posterior relación de tutelaje entre el gobierno chavista y la administración de Donald Trump.
Según Rita Floyd, en el análisis de riesgo político, los terremotos son amenazas sin agente. Esto significa que las amenazas provienen de situaciones ambientales que no están controladas por ningún agente.
Este tipo de amenazas puede ser conocida y esperada, o desconocida e inesperada. 1 En el caso venezolano, el país está ubicado en la intersección de dos placas tectónicas, por lo que experimenta actividad sísmica constante, lo cual significa que un terremoto de gran magnitud debió haber sido previsto por las autoridades.
La intersección entre la amenaza esperada y la capacidad del Estado para responder cuando esta se materializa es lo que define la vulnerabilidad. Esta intersección es donde las decisiones políticas previas tienen consecuencias sobre la vida de las personas.
Por lo tanto, la calidad de la gobernanza política puede medirse por cómo responde el Estado ante eventos naturales como el del 24 de junio de 2025.
Algunas personas podrían argumentar que la magnitud del terremoto no era previsible, y que ningún Estado estaría preparado para atender el tamaño del daño.
Si bien este es un argumento razonable en cualquier país democrático, el Estado venezolano fue cooptado políticamente por la élite gobernante desde comienzos del siglo XXI.
Después de 27 años de erosión institucional y quiebre democrático, falta de rendición de cuentas horizontal y de capacidad de respuesta, y corrupción rampante, las capacidades para una respuesta básica inmediata eran inexistentes.
Por otro lado, algunos actores sociales argumentan que esta catástrofe no debería politizarse, pero la falta de capacidad estatal es, en sí misma, una cuestión de naturaleza política, resultado de decisiones sobre la asignación de recursos del Estado. Sin embargo, también es cierto que actores políticos de ambos lados están buscando capitalizar la tragedia para obtener beneficio partidista.
En cualquier caso, tras los dos terremotos, varios reportes de prensa documentaron la falta de una respuesta coordinada por parte de las autoridades. Pero el problema tiene su raíz en la falta de capacidad para monitorear la actividad sísmica.
De hecho, Deutsche Welle entrevistó al geofísico venezolano Raúl Estévez, quien afirmó que Venezuela solía tener una red sismológica de alrededor de 300 estaciones distribuidas por todo el país, pero que actualmente menos de diez están funcionando. 2En la misma línea, el excoordinador nacional de Protección Civil (históricamente Defensa Civil), el general de brigada Antonio Rivero, denunció públicamente el grave abandono y desmantelamiento de esta agencia encargada de salvar vidas. 3
Según Rivero, el Estado actualmente carece de la infraestructura técnica, el equipo operativo y el personal calificado necesarios para mitigar las consecuencias de la catástrofe sísmica en curso.
Los testimonios de Estévez y Rivero revelan que la vulnerabilidad no proviene únicamente de una amenaza sin agente, como un terremoto, sino también de una amenaza causada por un agente pero no de manera intencional.
En este caso, como señala Floyd, la amenaza es «causada por negligence dañina, la situación en la que un agente falla en proteger contra eventos o consecuencias dañinas previsibles».
El abandono del monitoreo sísmico, junto con la desinstitucionalización y politización de Protección Civil, redujo casi a cero la capacidad del Estado para mitigar los riesgos de lo que era una amenaza previsible, y además anuló la capacidad de las instituciones responsables para reaccionar adecuadamente ante las consecuencias de los terremotos.
En resumen, los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio fueron inesperados, pero no imprevisibles. El país, sin embargo, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad debido a la desinversión, la politización y la corrupción dentro del Estado.
La limitada capacidad institucional para mitigar y responder con rapidez tiene el potencial de alimentar el descontento ciudadano, y la responsabilidad probablemente recaerá sobre quienes han estado en el poder desde 1999.
Nota del autor: una versión ampliada en inglés de este texto ha sido publicada en juanmanueltrak.substack.com
1 Floyd, Rita. «Political Risk and Security Studies.» En The Routledge Handbook of Political Risk, 1.ª ed., por Cecilia Emma Sottilotta, Julian Campisi, Johannes Leitner y Hannes Meissner. Routledge, 2025. https://doi.org/10.4324/9781003456117-5.
2 https://www.dw.com/es/el-terremoto-que-venezuela-esperaba-pero-no-pudo-monitorear/a-77727996
3 https://diarioversionfinal.com/ciudad/antonio-rivero-exdirector-de-proteccion-civil-desmantelaron-la-institucion-y-ahora-no-pueden-responder-al-desastre/
Juan Manuel Trak es sociólogo (UCAB), doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca y profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Consultor senior de riesgo político, fue coordinador de investigación en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Publica análisis sobre Venezuela y América Latina en juanmanueltrak.substack.com.
X: @juanchotrak