Año 2025, nuevamente Donald Trump toma posesión de la Casa Blanca, sede del poder del gran país del norte. Hacia esa instancia y sus ejecutorias se dirigen múltiples, divergentes y contrastantes valoraciones de la gente; los de adentro con sus puntos de vista y las de quienes desde todos los puntos del planeta, observan y opinan sobre lo que en la Casa Blanca decide su inquilino.
Los venezolanos constituimos un componente particularmente interesado y atento a lo que pasa en Washington; muchos dentro del territorio, donde muy pocos, los favorecidos, comparten el modelo decidido de mantener a Delcy en una posición no merecida y otros, no muy numerosos por cierto, aceptan como válida la estrategia en curso; pero la gran mayoría está aspirando a que se le ponga fin a la tragedia que vive el país. Esa aspiración mayoritaria es compartida por prácticamente la totalidad de quienes se encuentran en cualquier punto del planeta construyendo una alternativa a sus proyectos de vida.
Lo ocurrido el 3 de enero fue ampliamente aprobado y aceptado, como el proceder obligado, ante la intransigencia y obtusa posición de la narco dictadura. Después de ese exitoso evento militar, está ocurriendo una estrategia civil destinada a lograr una transición política en Venezuela, y es allí donde se abre un abanico de interpretaciones sobre cuál debe ser la orientación de las decisiones que son tomadas desde Washington.
Mantener a Delcy al frente del gobierno sin ningún soporte de la Constitución venezolana es contrario al “deber ser” y abona el terreno de la dispersión de posiciones políticas de quienes en principio comparten adversar y desplazar la dictadura. Las tácticas y estrategias políticas también tienen que respetar el texto constitucional, apegarse al deber ser; de lo contrario aparecerán las explicables y muy válidas posiciones de quienes no aceptarán la decisión de mantener a Delcy más allá de lo que la Constitución establece ante la falta del presidente (independientemente de su ilegitimidad).
Aceptar el incumplimiento de decisiones que forman parte de las medidas del proceso de transición, constituye una debilidad inaceptable y debe ser urgentemente corregida. Me refiero a la libertad plena de los presos políticos y la puesta en marcha de un proceso que revierta el sistema opresor de la sociedad, todavía en plena vigencia, iniciando el proceso destinado a la recuperación funcional del sistema electoral.
Venezuela debe arrancar el indispensable proceso de recuperación de un funcionamiento creíble del soporte del ejercicio de la soberanía popular. Es imperativa una conducta y concepción congruente por parte del pensamiento y decisión del presidente Trump contra el fondo del problema en Venezuela, que no es otro que: dictadura, violación de derechos humanos, asalto al erario publico y recursos del estado por una estructura que se sigue manteniendo, violación del estado de derecho y profundización de las penurias sociales, todo lo cual es producto de los 27 años de la gestión Chavez-Maduro y de la cual el Rodrigato-Cabello han sido los principales protagonistas.
La recuperación económica exige la recuperación previa del estado de derecho, condición no alcanzable con el modelo al frente del gobierno. Hay que alinearse con el deber ser, pues ese es el camino y los tiempos transcurridos con decisiones no coincidentes con los principios legales socavan las bases éticas y morales del capital político acumulado por el pueblo , la sociedad políticamente pulcra y el liderazgo honesto que ha logrado la aceptación de las mayorías nacionales. Es necesario evaluar y profundizar ; hacia el deber ser.
Mayo 13 / 2026