La reacción de los mercados colombianos tras la primera vuelta presidencial ha sido contundente y reveladora. El informe de Corficolombia, titulado «Reacción de los activos colombianos al resultado electoral: de la incertidumbre al optimismo», muestra cómo el peso se fortaleció, los bonos se valorizaron y el riesgo país disminuyó después de que Abelardo de la Espriella emergió como favorito para la segunda vuelta. Sería un error interpretar esta reacción como una apuesta financiera. Lo que realmente refleja es el deseo de los colombianos de encontrar una salida creíble a los enormes desafíos que enfrenta el país.

Durante años, el debate político colombiano estuvo dominado por la confrontación ideológica. Hoy la realidad económica obliga a mirar más allá de los discursos. El país llega al cambio de gobierno con un déficit fiscal preocupante, una deuda pública creciente, inflación persistente, tasas de interés elevadas, bajo crecimiento económico y una profunda polarización social.

Desde esta perspectiva, la diferencia entre los dos candidatos finalistas resulta significativa. De la Espriella propone una agenda orientada a la recuperación de la confianza inversionista, la disciplina fiscal, el fortalecimiento de la seguridad y la promoción de la iniciativa privada. Son los factores que los inversionistas identifican como indispensables para recuperar el crecimiento y reducir la incertidumbre.

Iván Cepeda enarbola una visión económica inspirada en una mayor intervención estatal y en una concepción controlista del desarrollo. Aunque sus propuestas pretenderían atender demandas sociales, existe una preocupación creciente sobre su capacidad para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos que hoy amenazan la estabilidad del país. La experiencia latinoamericana demuestra que los gobiernos que subordinan la disciplina fiscal y la confianza empresarial a objetivos políticos de corto plazo suelen terminar agravando los problemas que prometen resolver.

La discusión no es ideológica sino práctica. Colombia necesita atraer inversión, generar empleo formal, estabilizar sus finanzas públicas y recuperar la confianza de quienes producen riqueza. También necesita enfrentar la expansión de los grupos criminales, fortalecer las instituciones y reconstruir consensos nacionales después de años de confrontación política.

Ninguno de los dos dispondrá de una varita mágica para resolver problemas acumulados durante décadas. Sin embargo, sí existen diferencias sustanciales entre quienes consideran que el crecimiento económico es una condición necesaria para financiar el progreso social y quienes creen que el Estado puede sustituir el dinamismo del sector privado.

La diatriba electoral tampoco se limita al terreno económico. Es que Colombia enfrenta simultáneamente una crisis de seguridad que amenaza con erosionar cualquier esfuerzo de recuperación. El narcotráfico vuelve a expandirse en amplias zonas del territorio, los grupos armados ilegales han recuperado capacidad operativa y el control efectivo del Estado continúa debilitándose en regiones estratégicas.

En este contexto, la relación con Estados Unidos adquiere una importancia fundamental. Durante décadas, Washington ha sido el principal aliado de Colombia en materia de seguridad, inteligencia, cooperación militar e inversión. Más allá de las diferencias políticas que puedan surgir entre gobiernos, la estrecha asociación bilateral ha constituido uno de los pilares de la estabilidad colombiana y de su inserción internacional.

De la Espriella ha planteado la necesidad de reconstruir plenamente esa alianza estratégica, fortaleciendo los mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Su visión parte de la premisa de que la seguridad y la confianza económica son fenómenos inseparables: donde prosperan los grupos criminales disminuye la inversión, se reduce la actividad productiva y se deterioran las perspectivas de crecimiento.

Cepeda, por el contrario, representa la continuidad de una orientación política  distante de Washington y proclive a privilegiar esquemas de intervención estatal en la economía. Sus críticos advierten que esta combinación podría generar incertidumbre adicional en un momento en que Colombia necesita precisamente lo contrario: mayor inversión, reglas estables y cooperación internacional para enfrentar el desafío del narcoterrorismo.

La experiencia latinoamericana ofrece lecciones importantes. Los países que han logrado atraer capital, expandir su base productiva y fortalecer sus instituciones suelen ser aquellos que combinan disciplina macroeconómica, apertura a los mercados y alianzas estratégicas con las principales economías occidentales. En cambio, los modelos que privilegian el control estatal, la confrontación con el sector privado y el distanciamiento de sus principales socios económicos rara vez han producido resultados sostenibles.

Les toca a los colombianos reflexionar sobre el genero de país dentro del cual quieren seguir viviendo. Toca a los votantes interrogarse sobre quién posee la capacidad para articular políticas públicas eficaces y gobernar un país aquejado de una acumulación de vulnerabilidades como las descritas y al propio tiempo hacer un esfuerzo definitivo por rescatar al país de la fractura social que es la resultante de decenios de olvido del ciudadano de a pie.

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