En pocos días se debe difundir a través de los medios de comunicación el informe sobre la estimación de necesidades después de los terremotos del 24 de junio. Este informe, conocido también como PDNA, por sus siglas en inglés, debe contener la estimación del impacto de los terremotos, así como los detalles sobre la estrategia de reconstrucción que se debe seguir, y los recursos requeridos para su ejecución.

La estimación de necesidades post terremotos tiene relevantes restricciones en Venezuela. Una de las más significativas es la emergencia humanitaria compleja que experimenta el país desde hace más de diez años. En tales condiciones, es obvio que no existen los programas adecuados para la protección social. Esto incluye desde la atención nutricional hasta la de salud, pasando por las pensiones y la protección del empleo, entre otros aspectos. Es también muy claro que los impactos de los terremotos han agravado estas condiciones previas.

       El problema radica en estimar con propiedad cuáles son las verdaderas dimensiones de la desprotección. Y es allí donde se aprecia con más crudeza los efectos de la ausencia de información, en cantidad y calidad, para diseñar una estrategia que enfrente los deterioros asociados con la emergencia humanitaria compleja, y ahora con los terremotos.

La consecuencia directa de esta situación es que la protección social requiere, para ser verdaderamente efectiva, que se pueda reducir la emergencia humanitaria compleja. Dicho de otra forma, si la protección social se concentra solamente en estimar los impactos propios de los terremotos, se excluirá a casi un 20% de la población del país que es la afectada directamente por la emergencia humanitaria compleja.

Una forma indirecta de establecer criterios para medir la brecha de protección social que puede experimentar el país en el corto plazo es comparar con lo sucedido en otras situaciones de catástrofes recientes. Se pueden analizar los requerimientos de atención subsiguientes a los terremotos de Turquía en 2023. El reporte elaborado por el gobierno de Turquía con el apoyo del Banco Mundial, PNUD, OMS y la Unión Europea, permite identificar algunos de estos criterios.

En la primera fase de atención post terremotos en Turquía, la protección social se concentró en cuatro áreas principales. En primer lugar, la coordinación del proceso de identificación y agregación de todas las fuentes de recursos, nacionales o internacionales, que pudieran ser utilizados en los programas de asistencia. Estos recursos debieron ser integrados con los aportes de los niveles de gobierno.

El segundo paso propuesto fue determinar las pérdidas de empleos producidas con los terremotos. Este inventario se consideró fundamental para identificar las personas que requerían transferencias monetarias de corto plazo hasta que se pudieran reubicar en otros empleos. Esto implicaba clasificar estas pérdidas de empleos según áreas geográficas, tipo de instituciones (públicas, privadas), y competencias requeridas.

El tercer proceso de apoyo fue prestar asistencia de corto plazo (con insumos, logística, transporte, entre otros aspectos) para que se pudiera reanudar lo más rápido posible la actividad productiva. Para ello se planteó como prioridad establecer el grado de afectación (y recuperación) de los sitios de trabajo.

El cuarto proceso priorizado fue ejecutar programas de beneficios (fundamentalmente monetarios) en las provincias afectadas. De manera paralela se propuso la recuperación de los mercados y servicios que serían requeridos por los beneficiarios de estos programas de transferencia.

Estas cuatro áreas prioritarias de atención fueron complementadas con el apoyo a servicios de salud, a adultos mayores, y a personas que perdieron completamente sus familias. Para ello fue propuesto el reclutamiento de personal a cargo de la atención en estos servicios.

Para la atención de mediano plazo se propusieron alternativas para la recuperación de empresas y la creación de nuevas empresas. Esto significó el diseño de programas específicos de apoyo que combinaran recursos públicos y privados, así como la redefinición de los planes de desarrollo en las áreas respectivas.

          Las enseñanzas de la reconstrucción post terremotos en Turquía puede ofrecer alternativas para lo que se requiere en Venezuela. Aunque hay que destacar la diferencia fundamental: se trata de nuevos requerimientos de protección social en un contexto del deterioro ocasionado por la emergencia humanitaria compleja.

Es bastante evidente que la protección social es un aspecto central en la estrategia de reconstrucción. El PDNA de los terremotos de Venezuela, que se debe conocer en los próximos días, debe proponer las mejores pautas para enfrentar con efectividad los retos de la protección social. Para ello se deben mostrar las mejores fuentes de información disponibles, así como las propuestas para mejorar la calidad de información.

Siendo que los efectos de los terremotos han sido profundos es de alta relevancia que se mejoren con urgencia los sistemas de información que permitirán que la reconstrucción sea progresiva y adaptativa. De lo contrario, el país puede estar enfrentando la reconstrucción sin las capacidades y datos que la hagan efectiva y duradera.

Marino J. González es PhD en Políticas Públicas, profesor en la USB. Miembro Correspondiente Nacional de la Academia Nacional de Medicina. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina (ACAL).

X e Instagram:  @marinojgonzalez

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