Que un hospital pueda contratar enfermeras, una escuela pueda reparar sus techos o un país pueda construir una red de energía limpia depende a menudo de factores que rara vez aparecen en las noticias. En muchos casos, son las normas que limitan los déficits, el endeudamiento y el gasto las que determinan, en última instancia, si los gobiernos pueden invertir en el futuro.
Estas restricciones son hoy más importantes que nunca, mientras los ministros de Hacienda se reúnen en Bangkok para los encuentros anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el FMI ya anunció que el nivel de deuda está cerca del máximo alcanzado desde la Segunda Guerra Mundial. El mensaje del Fondo para los gobiernos es que la consolidación fiscal resulta esencial, aunque su costo político resulte elevado; se supone que las decisiones dolorosas de hoy fortalecerán las finanzas públicas del futuro.
Pero recortar el gasto que sustenta al crecimiento y la resiliencia no solo puede crear dificultades en la actualidad, puede además debilitar la economía y dificultar la reducción de la deuda en el futuro. Las políticas fiscales de los gobiernos debieran juzgarse según su impacto para reforzar la capacidad de la economía de cumplir con las obligaciones públicas a lo largo del tiempo.
Esta reflexión fue planteada en el Consejo Global sobre la Nueva Economía para el Siglo XXI, que copresido junto con el vicepresidente primero de España, Carlos Cuerpo. El primer informe de políticas del Consejo, «Normas fiscales y crecimiento inclusivo a largo plazo», sostiene que aunque la responsabilidad fiscal es el objetivo correcto no se la puede medir adecuadamente considerando solo las metas de déficit y deuda (también hay que tener en cuenta qué genera el gasto público y la manera en que fortalece a la economía con el tiempo).
Al fin y al cabo, si se recorta el gasto durante una recesión, la actividad económica y los ingresos fiscales disminuirán, y el objetivo quedará cada vez más lejos, porque la deuda aumentará en relación con el PIB. En 2013, la propia reevaluación llevada a cabo por el FMI de los ajustes fiscales europeos durante la reciente crisis reveló que los analistas habían subestimado en gran medida el daño que la consolidación causó al producto. Se llevaron a cabo recortes en toda Europa y Estados Unidos basados en la idea de que el crecimiento se derrumba cuando la deuda supera el 90 % del PIB, pero esa premisa se basaba en un error en una hoja de cálculo.
Cuando una economía funciona por debajo de su capacidad, la inversión pública bien dirigida aumenta la capacidad productiva y atrae la inversión privada. La inversión pública no es un costo a minimizar, sino una palanca de la que dependen la inversión privada y el crecimiento. Sin embargo, cada vez que se da prioridad a los objetivos fiscales, la inversión pública es lo primero que sufre: es más fácil posponer un proyecto que el pago de salarios, incluso cuando ello socava la propia estrategia económica del Gobierno. La experiencia reciente de México es un ejemplo de esa tensión, su ajuste fiscal provocó que la inversión pública en bienes físicos cayera del 3,1 % del PIB en 2024 al 2,2 % en 2025, aun cuando el programa del Plan México depende de una inversión sostenida en infraestructura, agua, energía y capacitación.
Las prácticas contables habituales refuerzan ese sesgo: si se solicita un préstamo para construir un hospital público, los indicadores convencionales de la deuda registran el pasivo, pero excluyen al activo (el hospital). Los pronósticos a corto plazo agravan aún más el problema: una estimación a tres años considera todo el costo de la inversión, pero prácticamente nada del rendimiento.
Debido a esas restricciones, algunos gobiernos han comenzado a reformular las normas. Por ejemplo, desde 2024, la norma del Reino Unido sobre la deuda ya no se centra únicamente en lo que debe el gobierno. Cuando el Estado presta dinero o adquiere una participación en una empresa, ahora lo contabiliza del otro lado del balance como un activo; y cuando el Tesoro decide si vale la pena llevar a cabo un proyecto, pondera más los beneficios que llegarán años después.
Esto supone un avance, pero no alcanza. Como la nueva norma del Reino Unido solo considera los tres años siguientes, los hospitales, las carreteras y las redes de suministro públicos siguen quedando fuera de las estimaciones. Además, hay que recordar que la infraestructura social es tan importante como la infraestructura física. Por ejemplo, a largo plazo cuesta menos atender a un adolescente con problemas que encarcelarlo.
Por supuesto, el margen de maniobra de algunos países es mucho mayor debido a que la arquitectura financiera es profundamente desigual. Los países que dependen del financiamiento en moneda extranjera deben obtener reservas de divisas para hacer frente al servicio de la deuda y para pagar las importaciones, al tiempo que se ven obligados a aceptar las tasas de interés fijadas por los mercados globales; e incluso el endeudamiento en moneda nacional puede exponerlos a flujos volátiles del capital internacional. En 2025, los países en desarrollo pagaron el récord de 995.000 millones de dólares en intereses netos. Unos 3.700 millones de personas viven en países obligados a gastar más en intereses que en sanidad o educación.
España ha demostrado qué ocurre cuando los gobiernos protegen el gasto productivo y social durante los ciclos económicos, consideran tanto lo que el Estado posee como lo que debe, evalúan las inversiones en función del plazo en el que generan rendimientos, configuran los mercados a través de la contratación y las finanzas públicas, y recaudan ingresos de manera más justa. Desde 2021, su deuda pública pasó del 115,7 % a cerca del 100 % del PIB gracias al crecimiento de la economía. Y lo que es aún mejor, sus inversiones en energías renovables le permitieron pagar un tercio menos por la electricidad que sus vecinos durante la crisis energética de este año.
Pero a la hora de aliviar las restricciones externas, la solidaridad multilateral es la única solución; eso implica impulsar evaluaciones de la deuda y programas del FMI diseñados para proteger la inversión en lugar de recortarla; garantizar el acceso confiable a la liquidez antes de que los impactos se conviertan en crisis; establecer procesos para la solución temprana de las crisis de la deuda; ofrecer financiamiento público asequible y a largo plazo para el desarrollo; negociar una cooperación fiscal internacional más estrecha; y emprender acciones conjuntas para frenar los saltos en los precios de la energía y los alimentos antes de que afecten a los presupuestos nacionales.
Dado que las reformas nacionales no serán suficientes para ayudar a los países que enfrentan restricciones externas al financiamiento, las instituciones internacionales deben ofrecer más apoyo y actualizar sus propios enfoques de acuerdo con sus mandatos. En lugar de considerar todas las reducciones del gasto como equivalentes, los programas y las evaluaciones de la deuda del FMI debieran tener en cuenta el daño a largo plazo que algunos recortes pueden causar al crecimiento, las capacidades humanas y la sostenibilidad fiscal; debieran proteger el gasto que fomenta la capacidad productiva y evitar medidas que socaven los ingresos futuros y la resiliencia.
Cuando los gobiernos insisten en que no hay alternativa a los recortes, minan la confianza y ceden terreno a los populistas de extrema derecha. Lo que hace falta es una política al servicio del interés público. La verdadera responsabilidad fiscal se basa en una estrategia económica creíble, que reconozca las restricciones reales (los trabajadores, los materiales y las capacidades que un país puede movilizar), evalúe qué consigue el gasto público y cree instituciones capaces de cumplir sus objetivos.
El propósito de la política económica es servir al bien común. Las normas fiscales debieran permitir que los gobiernos inviertan en infraestructura física y social, compartir los beneficios para reponer las arcas públicas, y crear valor público para los ciudadanos. La responsabilidad fiscal implica invertir en el futuro y garantizar que las políticas beneficien a la mayor parte de la gente.
Traducción al español por Ant-Translation