El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido notablemente sincero sobre sus planes para Venezuela. En una entrevista con Fox News, prometió reconstruir la infraestructura petrolera del país, y agregó que Estados Unidos estaría “a cargo” y que espera que las compañías petroleras inviertan al menos 100.000 millones de dólares. También fue explícito respecto de su estrategia: primero, reconstrucción; luego, elecciones en una fecha futura no especificada.
Cuando se le preguntó cuándo los venezolanos podrían votar por nuevos dirigentes, Trump descartó la premisa de plano. “No podrían celebrar elecciones”, insistió. “Hoy por hoy no sabrían cómo llevar a cabo una elección”.
No importa la victoria aplastante de Edmundo González en las elecciones presidenciales fraudulentas de 2024, ni que encuestas recientes revelen un amplio apoyo a la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Lo que Trump dio a entender no es solo que las elecciones deben esperar, sino que los venezolanos son incapaces de autogobernarse hasta que una potencia extranjera haya “reconstruido” el país.
Otros integrantes del gobierno se han hecho eco de las declaraciones de Trump. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, se ha burlado del “marco neoliberal” de exigir elecciones inmediatas, abogando por un “proceso de transición juicioso, reflexivo y cuidadoso”. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha delineado un plan de tres etapas: “estabilización”, seguida de “recuperación económica y reconciliación”, y recién entonces una “transición” democrática. Laura Dogu, enviada de Trump a Venezuela, también describió una etapa final que culmina en “una Venezuela amistosa, estable, próspera y democrática”. En este marco, la democracia no es fuente de legitimidad política, sino el último objetivo -y el menos importante.
Para los venezolanos dentro y fuera del país, la retórica de Trump es profundamente inquietante. Sugiere que la democracia no es más que una fachada para controlar la riqueza petrolera de Venezuela. La “estabilización” y la “recuperación” no tienen una meta clara; pueden prolongarse indefinidamente. Y si las elecciones se posponen ad aeternum, es posible que nunca se celebren.
Se trata de un clásico problema de señalización. En economía, los compromisos se vuelven creíbles cuando implican costos que solo un actor sincero estaría dispuesto a asumir. Una transición que prioriza el petróleo por sobre las elecciones no impone esos costos. Es fácil de anunciar y aún más fácil de postergar.
Asimismo, el retraso no es neutral. Le da tiempo al régimen a consolidar su poder, reformular las reglas, intimidar a sus oponentes y normalizar la idea de que la democracia es un privilegio que se concederá más adelante, una vez que las autoridades decidan que el país está “listo”. Mientras tanto, la dictadura conserva su poder y se sigue enriqueciendo.
Irónicamente, la misma lógica se aplica a la propia industria petrolera. La inversión petrolera no es ayuda humanitaria. Es un contrato a largo plazo. Las empresas comprometen capital a cambio de décadas de retornos esperados, basados en la estabilidad y la continuidad institucional. No es plausible que Estados Unidos consiga 100.000 millones de dólares de inversión privada cuando, al mismo tiempo, dice que la legitimidad política es negociable. Sin instituciones creíbles, Venezuela, como dijo el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, no es “invertible”.
Si Estados Unidos se tomara en serio la eventual democracia venezolana, no anunciaría compromisos vagos. Por el contrario, hoy estaría tomando medidas para enmendar lo que hay que enmendar, que ya es mucho. Si hiciera esto, estaría dando una señal creíble de verdaderas intenciones democráticas. Si no hiciera algo para abordar estas cuestiones, manifestaría una falta de compromiso con la democracia y el estado de derecho.
¿Qué hay que enmendar? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que lleva mucho tiempo bajo el control del régimen y que presidió las elecciones fraudulentas de 2024, es el punto de partida obvio por donde empezar. Para restaurar la credibilidad es necesario nombrar un nuevo Consejo mediante un proceso transparente en el que participen juristas y la sociedad civil, que garantice la participación de todas las principales fuerzas políticas y que establezca salvaguardas sólidas contra la manipulación partidista. Nombrar veedores que el poder no pueda controlar envía una señal clara de que el juego no estará amañado.
Otro paso sería reabrir y actualizar el registro de votantes. En 2024, requisitos ilegales impidieron votar a millones de personas, los venezolanos en el extranjero se vieron privados de facto de sus derechos y muchos jóvenes no pudieron registrarse. Debería establecerse un período breve de inscripción -por ejemplo, cuatro meses- acompañado de una ampliación de los centros de inscripción consulares, un acceso seguro en línea y una supervisión internacional. Si los ocho millones de venezolanos que viven en el extranjero y los tres millones de votantes elegibles -en su mayoría jóvenes- que no pudieron registrarse no pueden participar, se cuestionará la legitimidad del proceso, así como la de cualquier decisión económica relevante que se tome en nombre de la “reconstrucción”.
También es necesario restaurar el pluralismo político. Bajo el chavismo, los tribunales y los organismos reguladores han vaciado a los partidos de la oposición al destituir a sus líderes electos e instalar a representantes del régimen. Restablecer la igualdad de condiciones implica restituir a los líderes legítimos de los partidos, levantar la prohibición a los movimientos políticos y de la sociedad civil, garantizar la igualdad de acceso a los medios de comunicación y prohibir el uso de recursos públicos en las campañas políticas.
El pluralismo presupone el fin de la persecución política. Cientos de presos políticos siguen entre rejas y muchos exiliados no pueden regresar a salvo. Las amnistías formales no son señales creíbles. Los presos deben ser liberados y los líderes de la oposición en el exilio, entre ellos Machado, deben contar con garantías de seguridad exigibles para que puedan regresar, viajar y hacer campaña sin miedo de ser detenidos o de ser víctimas de violencia. Deben derogarse las leyes totalitarias que criminalizan la actividad política legítima. Una transición democrática genuina exige proteger la disidencia.
Hoy mismo debe anunciarse la fecha de las elecciones para que haya un calendario claro de reformas y se afiancen las expectativas de la sociedad. Las elecciones requieren reglas y seguridad, no una economía perfecta. Los venezolanos han demostrado en repetidas ocasiones que pueden movilizarse políticamente en medio de las dificultades; lo que ha faltado es un gobernante dispuesto a reconocer su derrota. Este año se deben celebrar elecciones nacionales bajo una observación internacional independiente, con la publicación inmediata del recuento total de votos y un mecanismo de resolución de disputas acordado previamente.
Por último, las ganancias petroleras no deben sustituir a la democracia. Los ingresos procedentes de los recursos deben depositarse en una cuenta bloqueada en nombre del pueblo venezolano, y su desembolso debe estar condicionado al cumplimiento de estos criterios democráticos. Utilizar esos fondos para promover una reforma institucional ayudaría a contrarrestar las acusaciones de que el plan de Trump equivale a tomar el petróleo venezolano a “punta de pistola”.
La credibilidad es tan importante en la política como en los mercados financieros. Si Estados Unidos quiere que Venezuela sea un socio confiable y un país en el que los inversores puedan confiar, la democracia debe ser el principio organizador de la política estadounidense. Eso significa establecer las garantías legales e institucionales que aseguren unas elecciones libres, justas y competitivas. Cualquier otra cosa se considerará -y con razón- pura cháchara.
20 de febrero 2025