La reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista marca un antes y un después en la narrativa internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. No se trata solo de un acto simbólico, sino de una decisión que golpea directamente el núcleo del poder en Venezuela: los generales que han sostenido la dictadura durante más de dos décadas.

El Cartel de los Soles, compuesto por altos oficiales de las Fuerzas Armadas, lleva años operando como una estructura criminal con tentáculos en el narcotráfico, el contrabando de oro, el lavado de dinero y la protección de redes ilegales que van desde guerrillas colombianas hasta células de Hezbolá. Su nombre no es casual: proviene de las insignias doradas —los “soles”— que identifican a los generales venezolanos, una muestra del poder militar que se convirtió en símbolo del crimen organizado.

La decisión de catalogar a este cartel como una organización terrorista no solo despoja de cualquier manto de impunidad a sus integrantes, sino que lanza una advertencia a todo el círculo de poder de Maduro: el mundo los ve no como autoridades legítimas, sino como cabecillas de una red criminal que amenaza la seguridad regional y mundial.

Para Nicolás Maduro, las implicaciones son devastadoras. Hasta ahora había intentado —con algunos logros parciales— presentarse en foros internacionales como un presidente “de facto” que buscaba normalizar las relaciones. Con negociaciones, diálogos y supuestas aperturas, intentaba vender la imagen de que su gobierno podía volver a ser aceptado en la comunidad internacional. Sin embargo, esta designación derrumba ese relato. No hay legitimidad posible cuando el ejército que lo sostiene está señalado como operador de una organización terrorista.

Además, las consecuencias prácticas son profundas. Esta medida permitirá congelar activos, perseguir cuentas y generar órdenes de captura en países aliados de la lucha contra el terrorismo. Las aerolíneas, bancos y empresas que interactúen con figuras asociadas al Cartel de los Soles enfrentarán sanciones. Y más grave aún para Maduro: sus generales perderán la capacidad de moverse con la libertad que aún conservaban en algunos países. Cada viaje, cada operación financiera, cada intento de transacción quedará bajo escrutinio.

La designación también abre la puerta a acciones judiciales más severas, incluso a la posibilidad de que Maduro y su entorno sean objeto de acusaciones formales en cortes internacionales por su conexión con actividades terroristas. Lo que antes era un señalamiento por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos ahora escala a la categoría más temida en el sistema global: el terrorismo.

Para los venezolanos, esta medida significa que la verdad que han denunciado durante años finalmente encuentra eco: el país no está bajo un gobierno autoritario convencional, sino bajo un sistema criminal encabezado por generales que operan como un cartel. Para el régimen, es un golpe demoledor a su narrativa y a su red de impunidad. Para el mundo, una señal de que la tolerancia hacia Maduro y su círculo se agotó.

La pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿cuánto más resistirá el edificio del poder en Caracas cuando su cúpula militar ahora carga no solo con el peso de la represión, sino con el estigma de ser oficialmente reconocida como una organización terrorista?

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