Los terremotos del 24 de junio dejaron en Venezuela, según el balance oficial más reciente, 4.829 muertos, 16.740 heridos y 17.907 personas sin vivienda, con casi 21.000 alojadas en campamentos transitorios. Pero la catástrofe expuso algo más profundo que la vulnerabilidad sísmica de Caracas y el litoral central: hizo evidente la incompetencia de las instituciones del Estado para garantizar la gobernabilidad, y con ella, la necesidad —ya no teórica, sino urgente— de un gobierno legítimo capaz de reconstruir las instituciones democráticas y cambiar las reglas de juego hacia garantías estables y creíbles. Esa es la verdadera reconstrucción pendiente: la de los edificios es apenas uno de sus síntomas más dramáticos y visibles.

Delcy Rodríguez ejerce la presidencia encargada desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, en el marco de una intervención estadounidense. El mandato interino, concebido por la Constitución venezolana como un puente de 180 días hacia elecciones, expiró sin convocatoria electoral y sin pronunciamiento alguno de las autoridades venezolanas ni estadounidenses. Venezuela enfrenta así la peor emergencia humanitaria de su historia reciente gobernada por un ejecutivo cuyo reloj constitucional ya venció, sostenido no por un pacto interno verificable, sino por la tutela de Washington. La literatura sobre desastres y política ofrece precedentes elocuentes: el terremoto de Managua de 1972 erosionó irreversiblemente al somocismo y el de Ciudad de México de 1985 abrió grietas duraderas en la hegemonía del PRI. Los desastres no solo destruyen infraestructura: auditan Estados, y la auditoría venezolana arroja un déficit doble, de capacidad y de falta de título legítimo para gobernar.

El giro del 14 de julio

En ese contexto se produjo, en cuestión de horas, el movimiento político más significativo desde enero. La Asamblea Nacional de 2015 —que Washington reconoce como última instancia legislativa surgida de elecciones competitivas— y la Asamblea controlada por el chavismo anunciaron el inicio de una hoja de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto para avanzar en la reinstitucionalización democrática del país. La mesa, según Dinorah Figuera, estará integrada por 20 representantes —diez por cada parte— y abordará la reforma del Consejo Nacional Electoral, la revisión de leyes electorales y la independencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Lo revelador no es solo el anuncio, sino la secuencia. El sábado 11 de julio, Jorge Rodríguez descartó tajantemente cualquier discusión sobre CNE, TSJ o cronograma electoral: “No tenemos cabeza para estarnos preocupando sobre el TSJ ahorita, nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible (…) Es un irrespeto, es una grosería ponerse a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TSJ”. Tres días después anunciaba exactamente eso. Apenas la Asamblea de 2015 publicó su comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio lo retuiteó desde la cuenta oficial del Departamento de Estado, a lo que siguió el comunicado del órgano parlamentario presidido por el propio Rodríguez. El mismo martes, el subsecretario Michael Kozak presentaba ante el Congreso el anuncio como un avance del proceso. La coreografía es inequívoca: las líneas estratégicas del proceso venezolano ya no se deciden en Caracas, sino en Washington.

¿Transición o contención?

La pregunta central es si esta mesa constituye el primer paso operativo de la fase política (fase III: transición) del plan Trump-Rubio o un dispositivo de contención que permite a Washington bajar la presión por elecciones y administrar el tiempo. La evidencia puede sostener ambas lecturas.

A favor de la primera: la mesa no nació con el terremoto. Figuera regresó del exilio el 18 de junio, invitada expresamente por el Departamento de Estado, y ese mismo día quedó designada la mesa paritaria. Los sismos suspendieron el proceso; el anuncio del 14 de julio lo relanza. El terremoto no inició la negociación: le proporcionó al chavismo el marco discursivo —“unidad nacional”— que permitió a Jorge Rodríguez retroceder sin admitir que retrocedía, mientras la catástrofe, al exhibir la incapacidad estatal, elevaba el costo de sostener el statu quo para el gobierno norteamericano.

A favor de la segunda: el propio Kozak declaró que Washington no quiere elecciones “demasiado pronto” ni “demasiado lejos”, que cerca de 40% de los votantes elegibles no está registrado y que no es pertinente votar “en medio de un terremoto”. Sobre María Corina Machado, precisó que Estados Unidos “no se opone” a su regreso, pero tampoco lo facilitará mientras dure la emergencia. Aquí conviene una advertencia: las condiciones técnicas invocadas son reales, pero la búsqueda de la elección perfecta —todo el registro depurado, toda la diáspora votando— puede convertirse en la excusa perfecta para no tener elecciones oportunas. Lo perfecto es enemigo de lo bueno: las democracias no celebran comicios impecables antes de la transición; construyen garantías a través de ellos.

Por qué la balanza se inclina hacia avanzar

Hay, sin embargo, un argumento que desequilibra el cálculo, y lo formuló el propio Kozak: “la gente no va a invertir a largo plazo si no hay un gobierno democrático”. Nadie compromete capital a treinta años sobre la palabra de un gobierno tutelado ni sobre la garantía de una administración estadounidense que, por definición, es transitoria. El gobierno de Trump puede sostener a Delcy Rodríguez, pero no puede ser el garante de última instancia de las inversiones que la reconstrucción o la recuperación de la producción petrolera exigen: solo instituciones democráticas estables pueden ofrecer los compromisos creíbles que el capital de largo plazo requiere. La contención, prolongada, se vuelve económicamente insostenible para el propio proyecto de normalización que Washington patrocina.

Venezuela acumula además un cementerio de diálogos fallidos —2014, Santo Domingo, Oslo, Barbados, México— que compartieron un defecto estructural: ninguna parte externa podía imponer costos verificables al incumplimiento. Esta vez Estados Unidos controla la arquitectura energética y financiera de la que depende el gobierno encargado, y lo demostró obligando a su interlocutor a rectificar públicamente en 72 horas. Pero el enforcement externo no sustituye la legitimidad interna y allí reside la debilidad de diseño de la mesa: la comisión que preside Figuera es parte de la negociación, no su órgano mediador, y solo tendrá legitimidad en la medida en que represente los intereses de la oposición mayoritaria —la que encarnan Machado y el mandato popular de 2024. Una negociación que prescinda de esos intereses se convierte en un ejercicio inútil que no conduce a ninguna parte, como lo demostró cada intento anterior de negociar con oposiciones a la medida.

El calendario electoral estadounidense añade el último incentivo: para la Casa Blanca, presionada por el senador Rick Scott ante una comunidad venezolana en Florida que “está perdiendo la esperanza”, anunciar antes de los comicios de medio término de noviembre un acuerdo sobre TSJ, nuevo CNE y cronograma electoral para Venezuela sería un activo político de bajo costo. La aritmética lo permite: una mesa instalada el 1 de agosto puede producir un acuerdo anunciable en octubre.

La diferencia entre una transición y una normalización pactada no se medirá en comunicados sino en hitos verificables: incorporación de la oposición mayoritaria a la mesa, liberación de los más de 400 presos políticos que el propio Kozak reconoció, retorno efectivo de los exiliados y un cronograma con fechas. El terremoto demostró lo que ninguna teoría podía demostrar mejor: sin instituciones legítimas no hay gobernabilidad y sin gobernabilidad no hay estabilidad, recuperación ni reconstrucción posible. La mesa del 1 de agosto dirá si Venezuela camina hacia recuperar ambas o si aprendió a administrar su ausencia.

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