El agua no es una mercancía ni una concesión graciosa del poder, sino la savia misma que sostiene la dignidad y la existencia. Cuando se niega el acceso al líquido vital o se condena a una población a convivir con la insalubridad, lo que se está vulnerando en el fondo es el derecho a la vida. Esta premisa obliga a entender que el acceso al agua potable y a sistemas de evacuación seguros no son lujos, sino prerrogativas jurídicas fundamentales, universales y plenamente exigibles por cualquier ciudadano en cualquier rincón del planeta.
El marco jurídico internacional es inequívoco, al respecto. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas marcó un hito histórico mediante su Resolución 64/292, al reconocer explícitamente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. Con este mandato, la comunidad internacional elevó estos servicios a la categoría de derechos esenciales, indispensables para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Los Estados asumieron la obligación vinculante de garantizar que el recurso sea accesible, asequible, suficiente y, sobre todo, saludable. Sin embargo, al confrontar este mandato global con la realidad de la región central de Venezuela, la distancia entre la norma y la práctica se vuelve una herida abierta.
El drama que rodea el crecimiento sostenido del Lago de Valencia es, quizás, la demostración más cruda de cómo la ausencia de saneamiento y la negligencia estatal pueden transformar un recurso vital en una crisis humanitaria y ambiental permanente. Esta cuenca endorreica, que carece de una salida natural al mar, ha aumentado su cota de manera indetenible durante décadas, no por un simple capricho de la naturaleza, sino como consecuencia directa de la falta de planificación territorial, el colapso de la infraestructura hidráulica y la desatención de un problema que debió ser prioridad nacional.
Las consecuencias de este crecimiento descontrolado en los estados Aragua y Carabobo configuran un escenario de vulneración sistemática. Zonas urbanas enteras se han visto anegadas no solo por el avance de las aguas del lago, sino por el reflujo de las redes de cloacas que ya no tienen hacia dónde drenar. La mezcla de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento previo inunda calles y viviendas en el sur de Maracay y en comunidades ribereñas, sometiendo a miles de familias a un confinamiento insalubre. Esta situación rompe por completo con los criterios internacionales de salubridad y aceptabilidad, detonando crisis epidemiológicas crónicas y destruyendo el tejido social y económico de la región.
El trasvase improvisado de estas aguas contaminadas hacia embalses vecinos ha terminado por extender el problema, comprometiendo la calidad del agua que reciben millones de ciudadanos en la región central del país. El Estado venezolano no puede seguir escudándose en la fatalidad climática para eludir su responsabilidad. Enfrentar la realidad del Lago de Valencia exige voluntad política, transparencia en los recursos, el concurso de la comunidad científica y la ejecución urgente de obras de saneamiento estructurales. Cumplir con la resolución de la ONU en Venezuela no es una opción técnica postergarle, sino un imperativo ético y legal de supervivencia para devolverle la dignidad a los ciudadanos.
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