Cuando en los hogares de Maracay, Turmero, Valencia o Guacara se abre el grifo y solo sale aire, o cuando las lluvias de temporada encienden las alarmas de inundación en los sectores aledaños al Lago de Valencia, la explicación oficial suele apuntar hacia factores externos: el cambio climático, el sabotaje o el desgaste inevitable de las tuberías. Sin embargo, quienes llevamos décadas estudiando el comportamiento de nuestras cuencas sabemos que la verdadera raíz de esta emergencia no es exclusivamente hidráulica ni meteorológica. Estamos frente a una profunda crisis de gobernanza.
Para comprender lo que ocurre hoy en la región central de Venezuela, resulta indispensable acudir a la perspectiva de especialistas en reducción de vulnerabilidad y gestión del riesgo como el ingeniero Alejandro Liñayo. Su planteamiento desnuda una verdad incómoda pero irrefutable: los desastres socioambientales y el colapso de los servicios públicos no son caprichos de la naturaleza, sino la consecuencia directa de la debilidad institucional y de la forma en que se administra el poder sobre el territorio. Cuando las instituciones encargadas de gestionar un recurso vital se vuelven opacas, ineficientes y lejanas, la vulnerabilidad de la población se multiplica exponencialmente.
La cuenca del Lago de Valencia es un sistema endorreico sumamente frágil que alberga a millones de habitantes y a buena parte del parque industrial del país. Hemos, sido testigos del costo devastador de la hipercentralización. Durante las últimas décadas, se desmanteló progresivamente la autonomía técnica y financiera de las hidrológicas regionales, concentrando todas las decisiones estratégicas y presupuestarias en despachos distantes de la realidad cotidiana de Aragua y Carabobo. El resultado está a la vista: un modelo de gestión meramente reactivo, atrapado en la improvisación permanente, incapaz de ejecutar planes de mantenimiento preventivo en el Sistema Regional del Centro y sin músculo operativo para mantener funcionando las plantas de tratamiento de aguas residuales.
No se puede administrar una cuenca hidrográfica desde un escritorio remoto. La gestión del agua exige conocimiento directo del terreno, capacidad de respuesta inmediata y una rendición de cuentas cara a cara con los ciudadanos. Por ello, desde la Fundación Agua Sin Frontera sostenemos que la descentralización no es una simple consigna política ni un capricho administrativo; es un instrumento vital de supervivencia y desarrollo. Devolver competencias, recursos y autoridad técnica a los estados, a los municipios y a una verdadera Autoridad Única de Cuenca permitiría que las decisiones se tomen donde ocurren los problemas, integrando el saber científico de nuestras universidades con la contraloría social de las comunidades organizadas.
La amenaza que representa el ascenso sostenido de la cota del Lago de Valencia por encima de los niveles de seguridad, sumada al deterioro sanitario de nuestras aguas, exige abandonar el centralismo asfixiante. Necesitamos transitar hacia una gestión prospectiva del riesgo, donde la planificación urbana respete los límites naturales del agua y donde cada bolívar invertido en acueductos y saneamiento sea auditado por la ciudadanía.
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano fundamental, no una dádiva gubernamental. Mientras sigamos postergando la reinstitucionalización del sector hídrico y negándonos a descentralizar su gestión, cualquier obra de ingeniería que se inaugure terminará sucumbiendo ante la misma ineficiencia estructural. La verdadera seguridad hídrica de Aragua y Carabobo comenzará el día en que devolvamos el gobierno del agua a quienes habitan, sufren y construyen la cuenca.
@aguafrontera
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