Señor Presidente, honorables Comisionadas y Comisionados:
Hablo en nombre de Acceso a la Justicia, observatorio venezolano sobre Estado de derecho y justicia, así como de las restantes organizaciones aquí presentes.
Venezuela atraviesa un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas. También ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se ajuste plenamente al modelo constitucional.
Sin embargo, la renovación del Tribunal Supremo ya había comenzado en abril de este año. El proceso quedó suspendido a finales de junio como consecuencia del doble terremoto que afectó al país. Hoy forma parte de la agenda de reinstitucionalización, lo que brinda la oportunidad de corregir sus deficiencias antes de que continúe.
Y esa corrección es indispensable.
La actual Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia se aparta del modelo previsto en la Constitución. Mientras esta atribuye la preselección de candidatos a un Comité de Postulaciones Judiciales con la sola participación de la sociedad civil, la ley vigente trasladó el control de esa etapa a la Asamblea Nacional, reduciendo la participación ciudadana y favoreciendo la politización del proceso.
La propia experiencia demuestra que esa ley puede reformarse. Hace apenas unos meses fue modificada, entre otros aspectos, para aumentar el número de magistrados. Si pudo cambiarse para alterar la composición del Tribunal, también puede reformarse para adecuarla a la Constitución y restablecer las garantías de independencia judicial que esta consagra, devolviendo a la sociedad civil el papel central que le corresponde en la preselección de los candidatos.
No obstante, incluso si esa reforma no se produce, el proceso de selección ya iniciado debe retrotraerse hasta la fase de convocatoria de postulaciones, pues esta se desarrolló sin la transparencia exigida por la propia ley. Ello requiere, como mínimo, la publicación del baremo de evaluación, del número de vacantes, de las Salas a las que corresponden y de toda la información necesaria para garantizar un proceso abierto, verificable y sujeto al escrutinio ciudadano.
En cualquiera de estos escenarios, la Comisión Interamericana puede desempeñar un papel muy importante. Su experiencia y autoridad en materia de independencia judicial la convierten en un actor idóneo para acompañar técnicamente este proceso, promover la aplicación de estándares objetivos de evaluación y dar seguimiento al cumplimiento de los principios interamericanos de independencia judicial, transparencia y mérito.
La reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces. Y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito.
Muchas gracias.