Faltan muchas cosas. Además, como he tenido ocasión de sostener, mucho dependerá de lo que genuinamente hagamos hoy para impulsar la democratización; no se trata simplemente de otear el horizonte hasta que el cielo se despeje.   Pero están faltando señales, aunque sean iniciales, de democratización, dejando ahora de lado las medidas de relativa apertura económica en ciertos sectores. Prevalece una situación en la que el marco de ejercicio del poder no ha sido revisado.

Las excarcelaciones que se han producido y luego la ley de amnistía han permitido que muchos recuperen la libertad, que debe ser plena. La ley debió abarcar de manera general los hechos ligados al ejercicio de la crítica política, la difusión de informaciones de diversa índole, aunque pudiera considerarse desestabilizadora, la protesta política, sindical y social y la lucha opositora, con las excepciones constitucionales, en lugar de escoger algunos episodios ocurridos en este ciclo político y establecer algunos condicionamientosindebidos.

Se están presentando dificultades en la aplicación de la ley, que esperamos sean subsanadas a la brevedad, en beneficio de quienes aún esperan para recuperar sus derechos y reencontrarse con sus familiares. Se dice que se están buscando fórmulas alternativas para quienes no están comprendidos por la ley, y es preciso que así sea.

Debe imponerse una interpretación amplia de la Ley de amnistía, tal como lo establece uno de los principios de la ley, de modo que en la duda o ante barreras interpretativas o burocráticas se opte por aquello que facilite la libertad y el reencuentro.

Las liberaciones son positivas, como toda rectificación, y ahora debe recorrerse un camino para satisfacer el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, incluyendo las garantías de no repetición. La reconciliación es posible y necesaria y cobra pleno sentido desde esta perspectiva.

La actuación firme de las ONG que apoyan a los presos por motivos políticos y de las ONG en general, los desvelos y vigilias de los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, el aplomo de hombres y mujeres que salen de las cárceles con la ilusión elevada, muchos de ellos jóvenes con tanto que aportar, son testimonios de amor y fe en el futuro de Venezuela que no podemos defraudar.

No obstante, si las estructuras de poder represivo son las mismas, al igual que la regulación legal que favoreció abusos, no se logrará dar el paso requerido hacia un contexto diferente, en el que se abra el espacio público al debate plural, a la reorganización de las fuerzas opositoras, como pueden hacerlo también las que respaldan al gobierno. No basta con no encarcelar, pues hay que despojarse del poder para hacerlo si la crítica es hiriente o la protesta incómoda. Nadie está por encima de la ley, ciertamente, pero nadie debe estar en riesgo por el ejercicio de sus derechos y las autoridades son las primeras que deben someterse a la Constitución.

         Sin embargo, no hay Estado de Derecho sin separación de poderes ni jueces independientes e instancias de control efectivas.

El tratamiento que se dé a las renuncias que acaban de presentarse al escribir estas líneas, en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, y los respectivos procedimientos de selección de sustitutos, permitirán evaluar mejor si se dejan espacios para la reinstitucionalización.

Sigo pensando que desde la sociedad civil debemos promover un espacio de diálogo nacional que reúna a instituciones religiosas, académicas, sindicales, organizaciones de derechos humanos y otras ONG, para discutir sobre los grandes temas de la democratización y proponer reformas institucionales y normativas. Es importante ganar terreno para la democracia, el pluralismo, el respeto de las ideas, el acatamiento de la voluntad popular, aun en medio de tantas restricciones, procurando la participación de todos los sectores, sin exclusiones y, más aún, con voluntad de sumar a quienes piensen y sigan pensando muy diferente. La democracia posible es la de todos.

Varias organizaciones están tomando iniciativas y es mucho lo que ya está avanzado en la definición de lo que debe hacerse en diversos campos. Sería un error esperar a que estén dadas las condiciones óptimas para estos esfuerzos, porque seguramente estas solo se darán si desde ahora nos empeñamos en la democratización.

Jesús María Casal es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitucional y ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).