Regionales en 2008, Referendo en 2009 y Parlamentarias en 2010
Disipado el pernicioso efecto del Referendo Revocatorio de 2004 (RR2004) de no participar en procesos electorales —al menos temporalmente—, y tras el favorable efecto del resultado del Referendo de Reforma Constitucional de 2007, la oposición recobró impulso organizativo para fortalecer su unidad y se dispuso a participar en nuevas contiendas electorales, siendo la primera las elecciones regionales de 2008, y después el Referendo de Enmienda Constitucional de 2009 y las elecciones parlamentarias de 2010.
Elecciones regionales de 2008
Estas elecciones fueron convocadas para el 23 de noviembre de 2008 con el fin de elegir gobernadores de estado, alcaldes y legisladores estatales. Participaron en esta elección más de 17 mil candidatos de 59 partidos nacionales, 236 partidos regionales y 491 “grupos de electores”. El país contaba en ese entonces con un poco más de 27 millones de habitantes, de los cuales 16,8 millones estaban registrados para votar y lo hicieron un poco más de 11 millones, arrojando un porcentaje de participación de 65%; lo que es lo mismo que decir 35% de abstención. Aunque fue el porcentaje más bajo históricamente para una elección de este tipo, dicha abstención ya era casi endémica, situada siempre cerca de ese 35%.
Con las cifras anteriores, los resultados fueron los siguientes:
- De 22 gobernaciones, el PSUV y sus aliados obtuvieron 17 y la Mesa de la Unidad (MUD) obtuvo 5.
- En cuanto a alcaldías municipales y metropolitanas, de las 328 en total, el oficialismo obtuvo 266 (81%), la oposición 55 (16,7%) y otros 7 (2,1%). Las metropolitanas se repartieron: la del Alto Apure la obtuvo el oficialismo y la Alcaldía Mayor de Caracas, la oposición.
- En resumen, entre gobernaciones y alcaldías, el oficialismo obtuvo 283 cargos, la oposición 60 y otros 7.
La diferencia entre el total de votos obtenidos por el oficialismo (53,1%) y la obtención del 80,6% de los cargos (283/350) se explica por diversas causas:
- El sistema electoral: pues gana quien tenga la mayor cantidad de votos y, en gobernaciones y alcaldías, por ser cargos nominales, no hay posibilidad de repartos proporcionales.
- La distribución demográfica y la disparidad de tamaño de los municipios: la oposición obtiene su mayor volumen de votos en grandes centros urbanos y municipios muy poblados, cuyo número de alcaldías es menor que el de los centros semiurbanos, rurales y pequeños (que constituyen el grueso de los municipios, pero con menor población), que es donde domina el oficialismo; por ejemplo, un municipio con 10 mil habitantes cuenta con una alcaldía, igual que otro que tiene 800 mil habitantes.
- Las diferencias políticas locales: que, si bien no es el factor numéricamente más importante, es el más significativo desde el punto de vista de la estrategia de unidad opositora; por ejemplo, en los municipios San Francisco (estado Zulia), San Felipe (estado Yaracuy), Caroní / Ciudad Guayana (estado Bolívar), Puerto Cabello y Guacara (estado Carabobo) y Vargas (estado La Guaira), no fue posible lograr un acuerdo unitario de la oposición en torno a un candidato único, y ello llevó al triunfo de los candidatos del oficialismo.
Otros signos
Además de los factores mencionados, sugestionado o escarmentado el gobierno por la derrota sufrida en el Referendo de Reforma Constitucional de 2007, en las elecciones regionales de 2008 se presentaron dos signos peculiares de la política venezolana que afectarían de allí en adelante. El primero es la amenaza de violencia y de guerra —formulada por el propio Chávez Frías— en caso de que los candidatos oficiales perdieran gobernaciones y alcaldías; y el segundo, el fenómeno de las inhabilitaciones de candidatos, que es también una manera de eliminar prácticamente de manera física a los contendientes opositores al sector oficialista.
Inhabilitaciones
Con base en la Ley Orgánica de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el contralor general de la República en esa época —Clodosbaldo Russián (1939-2011)— y por razones administrativas, reales o inventadas, eliminó en 2008 de la contienda electoral a más de 200 candidatos que podrían poner en peligro la opción de los aspirantes del gobierno. Fueron víctimas de la inhabilitación dirigentes políticos que habían sido o eran gobernadores de estado, alcaldes, diputados a la Asamblea Nacional, candidatos presidenciales o posibles candidatos presidenciales de la oposición que hubieren ocupado cargos de elección popular. Por su parte, en una acción similar, la Sala Electoral del TSJ, con diversos argumentos, eliminaba también de la carrera electoral a candidatos a diferentes cargos; como bien sabemos, esos subterfugios y mecanismos para eliminar contendientes opositores persisten hasta el día de hoy.
Las inhabilitaciones que se comenzaron a aplicar desde 2008 —y que persisten hasta hoy— son de diverso tipo:
- Administrativas por parte de la Contraloría General de la República, sin que exista una sentencia judicial firme, como establece la Constitución.
- Judicialización e intervención de partidos políticos, con decisiones de la Sala Constitucional del TSJ que despojan a las directivas legítimas de los partidos opositores (Acción Democrática, Primero Justicia, COPEI, Voluntad Popular, etcétera) para favorecer a grupos ad hoc cercanos al gobierno.
- Sentencias de la Sala Electoral y de la Sala Constitucional del TSJ que despojan de inmunidad a parlamentarios o los desincorpora de sus cargos, incluso retroactivamente a candidatos opositores ganadores (recuérdese los casos de los diputados de Amazonas en 2015 y la elección del gobernador de Barinas en 2021).
- Persecución judicial de candidatos, alcaldes y diputados, incluso electos o en el ejercicio de sus cargos.
- Filtros y bloqueos en el sistema del CNE para impedir la validación de candidatos o el uso de criterios de residencia para descalificarlos.
- Inhabilitación, por diversas razones, de posibles candidatos opositores.
Los anteriores subterfugios para impedir y perjudicar a candidatos opositores —y a algunos del propio bando— no son las únicas ilegalidades a las que apela el gobierno. Una semana después de las elecciones regionales de 2008, el gobierno volvió a la carga con el tema de mantener su hegemonía y control del país, retomando el proyecto de Reforma Constitucional que había dejado en el congelador en 2008, posiblemente esperando un triunfo electoral que borrara la derrota anterior. De esa manera, en 2009 fuimos al sexto referendo de la historia venezolana desde 1999, en esa ocasión para resolver el tema que realmente le interesaba a Chávez Frías y que en 2007 no pudo aprobar: la reelección presidencial indefinida.
Nueva Reforma Constitucional
La derrota sufrida por el gobierno, y particularmente por Chávez Frías, en la propuesta de Reforma Constitucional de 2007 no se quedó allí; por otras vías, el Ejecutivo fue logrando mediante leyes secundarias —o simplemente por abuso de poder— lo que no pudo obtener con la frustrada reforma: ciudades comunales, cambios en la Fuerza Armada, control del BCV, control y eliminación de medios de comunicación, y un largo etcétera. Pero la “joya de la corona”, la reelección presidencial indefinida, era una espina en el costado de Chávez Frías que él personalmente necesitaba resolver y, de ser posible, “electoralmente”, que era la forma usual en la que legitimaba su peculiar autocracia.
Frente a la inesperada derrota de 2007, el propio Chávez Frías tuvo una primera y moderada reacción: en la misma noche en que se anunciaron los resultados, en cadena nacional de medios de comunicación, aceptó el resultado y simplemente advirtió a la oposición: “...sepan administrar su victoria... midan bien la matemática de esa victoria... yo esa victoria pírrica no la hubiera querido... la propuesta sigue viva”. Un par de días más tarde, en otra comparecencia en compañía del Alto Mando Militar, cambió su tono y reveló su verdadera intención acompañada de algunas de sus expresiones escatológicas: “...sepan administrar su victoria... es una victoria de m...”. Esa no era solamente una frase vulgar; cuando Chávez Frías dijo que el resultado de la victoria opositora en el Referendo de Reforma de 2007 era “una victoria de m...”, nos estaba cambiando la historia y no nos dimos cuenta, al menos no de inmediato. Veamos.
Como quiera que la Constitución establece que “La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional” (Art. 345), el tema fue despachado alegando que en esta oportunidad no se trataba de una “reforma”, sino de una “enmienda”, y que no era una iniciativa presentada por el presidente, sino por la propia Asamblea Nacional, con lo cual —según su criterio— no se incumplía la Constitución. Fue presentada entonces como una enmienda y —buscando apoyo y vencer resistencias— se incluyó en ella a todos los cargos de elección popular. Era también la manera de obligar a su militancia (el PSUV) a involucrarse en la campaña para evitar que se repitiera la abstención de 2007 que le costó la Reforma Constitucional.
Demás está decir que, mediante un galimatías y un enrevesado lenguaje, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió la sentencia N.º 53 del 3 de febrero de 2009, en la que decidió que la limitación constitucional citada del mencionado artículo 345 aplicaba al mecanismo de reforma, pero no al de enmienda, permitiendo de esta manera volver a someter el tema a consulta popular; y el CNE así lo convocó para el referendo del 15 de febrero de 2009.
La enmienda
La pregunta sometida a los electores, igualmente enrevesada y demagógica como la del RR2007, fue la siguiente:
“¿Aprueba usted la enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República, tramitada por la Asamblea Nacional, que amplía los derechos políticos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente, dependiendo su posible elección exclusivamente del voto popular?”.
Para una población nacional estimada en más de 27 millones de venezolanos, con 16,7 millones registrados para votar y 11,7 millones de electores que en definitiva participaron, el “SÍ” obtuvo 6,3 millones de votos (54,6%) y el “NO” 5,1 millones (45,1%), con una participación de 69,9% de los electores, lo que equivale a 30% de abstención. Como ya he señalado, 30 o 35% de los electores del país no se moviliza en ninguna elección o referendo. De esta manera, un sector que representaba a algo más de un tercio del padrón electoral nacional impuso al resto la reelección indefinida del presidente de la República. Algunos dirán que esas son las reglas del juego —ciertamente—, pero no deja de ser importante tomar en cuenta ese dato a la hora de proclamarse como la “gran mayoría” del país.
Elecciones Parlamentarias de 2010
A pesar de la derrota electoral de 2008, pero con un incremento de la votación del 12,4 % en tan solo tres meses —entre las elecciones regionales de noviembre de 2008 y el referendo de la enmienda constitucional en febrero de 2009—, la oposición tenía motivos para pensar que el abandono de la estrategia de la abstención daba resultados y, por ello, se preparó y afrontó las elecciones parlamentarias de 2010. En efecto, el domingo 26 de septiembre de 2010 se llevaron a cabo dichos comicios, los cuales fueron significativos en muchos sentidos.
En representación de una población nacional cercana a los 28,9 millones de venezolanos, de los 17,7 millones registrados para votar, lo hicimos 11 millones, para una participación de 66,4%, una de las más altas para este tipo de elección, solo superada por 74,1% de la elección parlamentaria de 2015. El bloque oficialista, con 5,4 millones de votos (48,13%), obtuvo 98 diputados; mientras que la MUD, con 5,3 millones de votos (47,22%), obtuvo 65 diputados. Patria para Todos (PPT), partido disidente del bloque oficialista desde el intento de reforma constitucional de 2007, obtuvo 353 mil votos (3,1%) y 2 diputados. En un primer cálculo, estas cifras significan para el oficialismo un descalabro importante con respecto a la elección parlamentaria anterior, lo cual se explica obviamente por la falta de participación de la oposición en aquellos comicios de 2005.
Sobrerrepresentación
En la elección parlamentaria de 2010, el PSUV, con 48,1% de los votos, obtuvo el 59,4% de los cargos; la oposición democrática, con apenas 0,9% de votos menos que el PSUV, solo obtuvo 65 diputados (menos de 40% de los cargos). Patria para Todos, que fuera aliado del gobierno en ocasiones anteriores y esta vez se presentó como fuerza independiente, obtuvo 3,14% de los votos y dos diputados.
Además del evidente abuso de los recursos del sector público por parte de la campaña oficialista —que Chávez Frías asumió como un reto personal— y de las amenazas de violencia si el resultado no favorecía a los candidatos apoyados por el gobierno, esa sobrerrepresentación (como algunos analistas la han denominado) se explica por la reforma realizada en 2009 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) —modificada por la Asamblea Nacional de 2005, absolutamente controlada por el oficialismo—, que favoreció la representación de los circuitos electorales rurales o de amplio dominio del PSUV en detrimento de los circuitos urbanos (de Caracas, Zulia, Lara, Carabobo y otros), los cuales eran más poblados y, al ser más castigados por las deficiencias de los servicios públicos (racionamientos eléctricos y otros) y las dificultades económicas que se comenzaban a manifestar en el país, votaron masivamente por la oposición y los disidentes del oficialismo.
Además de lo anterior, desde el punto de vista organizativo, en junio de 2009 se consolidó la alianza opositora como Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que, como ya he mencionado, ha sido la coalición opositora más duradera y exitosa que ha tenido el país.
Conclusión
Según la propia MUD —sin otra fuente que nos permita verificar, dado el cierre de la página web del CNE—, en las elecciones parlamentarias de 2010 la alianza opositora logró presentar candidatos unitarios por consenso en 87% de los circuitos electorales del país y en 13% restante, mediante los acuerdos y fórmulas unitarias locales correspondientes.
En esta cruzada de luchar contra el olvido, de contar lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido, volveré en la próxima entrega con un “inciso” en los relatos electorales para abordar el tema de las elecciones primarias que se han efectuado en el país, junto con algunas consideraciones acerca de las características de la elección presidencial de 2012, la última en la que participó Hugo Chávez Frías.