Las crisis políticas, los escándalos y la disfunción siguen dominando la agenda noticiosa global. No sorprende, por lo tanto, que mucha gente haya pasado por alto el anuncio del Reino Unido el mes pasado de que invertirá 600 millones de libras (779 millones de dólares) para brindar acceso a otros 20 millones de mujeres y niñas en el mundo en desarrollo a la planificación familiar.

Sin embargo, la decisión del gobierno del Reino Unido –basada en una investigación del Centro de Consenso de Copenhague que muestra que la planificación familiar es una de las inversiones en desarrollo más inteligentes- es de vital importancia. En la actualidad, cientos de millones de mujeres no pueden elegir la cantidad de hijos, el momento de tenerlos y los intervalos entre ellos –a veces con consecuencias fatales, porque los embarazos no deseados pueden cobrase la vida de madres jóvenes y de niños-. Es más, como el acceso universal a la contracepción fomenta el crecimiento, existen poderosos argumentos económicos para hacer de esto una alta prioridad.

En los países en desarrollo, 214 millones de mujeres en edad reproductiva que quieren evitar un embarazo no utilizan un método anticonceptivo moderno. Casi una cuarta parte de las mujeres en África, y una de cada diez en Asia, América Latina y el Caribe, tiene una necesidad no satisfecha de planificación familiar.

Hace cuatro años, los líderes mundiales prometieron lograr un acceso universal a los servicios de planificación familiar en 2030. Sin embargo, en 2017, el último año sobre el cual hay disponibilidad de datos, el financiamiento de donantes globales para este tipo de servicios fue de alrededor de 1.270 millones de dólares –muy por debajo del pico de 1.430 millones de dólares en 2014-. Claramente, más gobiernos necesitan seguir el ejemplo del Reino Unido.

Algunos programas de planificación familiar cuentan con un financiamiento crónicamente insuficiente. La administración del presidente norteamericano, Donald Trump, al igual que sus recientes antecesores republicanos, ha abandonado muchas de estas iniciativas porque no quiere utilizar el dinero de los contribuyentes norteamericanos para financiar abortos. (En general, el gasto en desarrollo de Estados Unidos se ha mantenido, de todas maneras, estable). Pero la política de la administración Trump tal vez no alcance su objetivo buscado: según un estudio de la Universidad de Stanford, una ley estadounidense similar en el gobierno del entonces presidente George W. Bush resultó en más abortos porque recortó el financiamiento a ONGs que ofrecen anticonceptivos.

La investigación del Centro de Consenso de Copenhague utilizada por el gobierno del Reino Unido demuestra por qué deberíamos luchar por un acceso universal a la contracepción moderna. En el estudio, Hans-Peter Kohler y Jere Behrman de la Universidad de Pensilvania estiman que constaría unos 3.600 millones de dólares por año ofrecer servicios de planificación familiar a los 214 millones de mujeres que carecen de acceso.

Los embarazos y nacimientos muy poco espaciados y que llegan en un momento inoportuno contribuyen a altas tasas de mortalidad infantil, mientras que la evidencia sugiere que las mujeres que tienen más de cuatro hijos enfrentan un riesgo de mortalidad mayor. Kohler y Behrman estiman que alcanzar un acceso universal a la contracepción resultaría cada año en 640.000 muertes menos de recién nacidos, 150.000 muertes maternas menos y 600.000 niños menos que pierden a sus madres. Al cuantificar estos beneficios para la salud en términos económicos, Kohler y Behrman encuentran que cada dólar invertido en mejorar el acceso a la contracepción genera un beneficio de 40 dólares para la sociedad.

Es un dato bastante impresionante. Pero los países pobres con un mayor acceso a la contracepción también se benefician con un “dividendo demográfico” –específicamente, el crecimiento económico acelerado que puede resultar de un incremento en la relación entre gente en edad laboral y dependientes.

En los países menos desarrollados, más del 40% de la población normalmente tiene menos de 15 años, y depende de los adultos en edad laboral para un sustento financiero. Pero cuando las mujeres pueden elegir cuándo y con qué frecuencia quedarse embarazadas, es más probable que tengan menos hijos, a la vez que están en mejores condiciones de lograr su tamaño familiar deseado. Cuando las tasas de nacimiento caen, la cantidad de dependientes se achica en relación a la población en edad laboral. Cuando hay menos gente que sustentar y, llegado el caso, más gente en edad laboral, un país tiene una ventana de oportunidad para un crecimiento económico rápido.

Es más, tener familias más pequeñas les permite a los padres invertir más en cada hijo. Los hijos con menos hermanos tienden a quedarse más tiempo en la escuela, por ejemplo. Y con menos hijos en cada grupo etario, cada hijo también podrá usar más capital de la sociedad, lo que los torna más productivos.

En total, estos beneficios demográficos suman hasta 288.000 millones de dólares por año, según Kohler y Behrman. Cuando sumamos este dividendo demográfico a los beneficios de salud, cada dólar invertido en mejorar el acceso a la planificación familiar redunda en un bien social por un valor de 120 dólares.

Esto representa una inversión absolutamente fenomenal. De hecho, un panel de expertos economistas reunido por el Centro de Consenso de Copenhague, incluidos dos premios Nobel, concluyó que el acceso universal a la planificación familiar –junto con un comercio más libre, una mejor nutrición, inmunización e inversión en educación preescolar- es uno de los objetivos de desarrollo más poderosos que puede perseguir el mundo.

Ahora es el turno de que otros gobiernos y donantes equiparen el compromiso financiero del Reino Unido para que la planificación familiar esté más disponible. Lograr un acceso universal a la contracepción salvaría y mejoraría millones de vidas, y colocaría a las sociedades en una vía más rápida hacia la prosperidad compartida. Con tanto en juego, el mundo debería dedicar mucha más atención y recursos a este objetivo.

21 de octubre

Project Syndicate

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Pasados comentarios del nuevo presidente del Banco Mundial, David Malpass, sobre los salarios del Banco y los préstamos a China llevaron a sus críticos a comparar su designación con poner a un incendiario a cargo del departamento de bomberos. Pero antes que eso, importa mucho más concentrarse en el avance hacia la misión central del Banco Mundial, que es poner fin a la pobreza extrema.

En su último año fiscal, el Banco distribuyó casi 67 000 millones de dólares en financiación, inversiones y garantías. Pero según el “nuevo rumbo” fijado por su anterior presidente, Jim Yong Kim, en 2016, el Banco apunta a destinar más de la cuarta parte de su financiación al cambio climático. Además, gracias a Kim, el Banco insiste en no invertir ni un dólar sin tener en cuenta el cambio climático, y dejó de dar sostén financiero a las centrales termoeléctricas a carbón.

El argumento para evaluar las ayudas al desarrollo a través del prisma del cambio climático es que el aumento de temperaturas agrava problemas como la malaria y la falta de acceso a educación. Es verdad, pero entre casi todos los problemas hay una influencia mutua. Un aumento de la malaria vuelve a los niños más vulnerables al hambre; la mala nutrición y la falta de saneamiento empeoran los resultados educativos; la inasistencia a la escuela conduce a más pobreza; y así sucesivamente.

Lo más importante entonces es determinar qué política es una respuesta más eficaz. ¿Ayuda más a los pobres hacer un recorte de las emisiones de dióxido de carbono ahora y conseguir una ligera reducción de las temperaturas en cien años, o concentrarnos inmediatamente en la malaria y en la educación? Los datos demuestran claramente que las políticas directas son mucho más eficaces.

El énfasis del Banco Mundial en el clima también se contradice con los deseos de los ciudadanos más pobres del mundo. Naciones Unidas preguntó a casi diez millones de personas de todo el mundo cuáles eran sus prioridades, y respondieron que eran mejorar la educación y la atención médica, reducir la corrupción, crear más empleos y abaratar los alimentos. El calentamiento global terminó último entre dieciséis cuestiones.

Con Kim, el Banco propagó la idea simplista de que el uso de combustibles fósiles siempre es perjudicial, que hay que prohibir el carbón y que la solución pasa por la “ayuda climática” al desarrollo. Pero la verdad es mucho más compleja.

Los combustibles fósiles contribuyen al calentamiento global, pero también a la prosperidad y al bienestar. Mil millones de personas en todo el mundo viven en casas sin energía suficiente ni siquiera para encender una sola bombilla eléctrica. Y más de tres mil millones viven en países sin redes de distribución confiables capaces de dar energía durante las 24 horas del día a hospitales y fábricas.

En la práctica, la política del Banco Mundial de abandonar los combustibles fósiles y adoptar un “lente climático” implica a menudo apoyar el uso de generadores solares independientes, que proveen electricidad suficiente para una sola bombilla o para recargar un teléfono móvil. En algunos lugares eso puede ser un avance, pero en la mayoría de las situaciones, esos generadores independientes no podrán resolver los principales problemas de energía de los pobres del mundo. Ningún país en la historia se volvió próspero y globalmente competitivo sin redes de energía integradas. Todas las economías de altos ingresos dependen de la provisión de energía abundante, barata y generada en su mayor parte mediante combustibles fósiles.

En tanto, tres mil millones de personas padecen una terrible contaminación del aire en sus hogares, porque la pobreza las obliga a quemar combustibles sucios, como madera y estiércol, para cocinar y calentarse. Pero los paneles solares no proveen energía suficiente para hacer funcionar cocinas o calefactores (ni refrigeradores para conservar vacunas y alimentos). Tampoco pueden impulsar la maquinaria agrícola e industrial de la que dependen la creación de empleos y la salida de la pobreza. En ese sentido, la distribución de paneles solares es más que nada un modo de que los ricos se sientan bien porque hicieron algo en relación con el calentamiento global.

El carbón se usa en países ricos y pobres por igual porque suele ser la fuente de energía más barata y fiable. La Agencia Internacional de la Energía calcula que incluso en 2040, la generación de energía solar y eólica seguirá siendo más cara en todos los grandes mercados que la generación actual con carbón, si se tiene en cuenta el carácter intermitente de la producción de energía verde.

Asimismo, un estudio del Consenso de Copenhague examinó los efectos de la construcción de centrales termoeléctricas a carbón en Bangladesh. Según los cálculos, esas centrales pueden producir un daño climático global por valor de 600 millones de dólares en los próximos quince años. No es una cifra trivial. Pero al aumentar la energía disponible para el desarrollo industrial, el proyecto generaría beneficios totales por 258 000 millones de dólares, unas 500 veces más que los daños, de modo que el bangladesí promedio sería un 16% más rico en 2030. El proyecto tiene margen suficiente para implementar medidas de compensación de emisiones y seguir siendo inmensamente efectivo.

Estos son los cálculos que debería hacer el Banco Mundial. Al negar préstamos que financien esas centrales a carbón, el Banco evita 23 centavos de costo renunciando a cien dólares de beneficios en materia de desarrollo. No es ni ético ni razonable.

Hay una conexión directa entre el suministro de energía y la prosperidad. El mismo Banco Mundial publicó hace poco un estudio según el cual las personas que viven en lugares con escasez de energía tienen entre un 35% y un 41% menos de probabilidades de conseguir empleo. Y previsiblemente, otro estudio demostró que la distribución de paneles solares no tiene un efecto medible, salvo una ligera provisión de electricidad, y no aumenta los niveles de ahorro, gasto, empleo, ingresos o acceso de los niños a educación.

El mundo sólo reducirá su dependencia de los combustibles fósiles cuando haya alternativas genuinas que sean mejores y más baratas. Esto demandará un esfuerzo innovador de investigación y desarrollo que vuelva la generación verde de energía más económica que los combustibles fósiles (un esfuerzo al que el Banco Mundial incluso podría dar apoyo).

Pero antes Malpass debe reorientar al Banco hacia su misión central. Dejando a un lado su irreflexivo énfasis en la cuestión climática, el Banco hace una labor muy importante. Malpass debe asegurar que se concentre en las iniciativas más eficaces, incluidas una mayor liberalización del comercio internacional, el combate a la tuberculosis, la nutrición infantil temprana, la planificación familiar y la educación asistida por computadora.

El nuevo presidente del Banco Mundial tiene una chance de dejar su impronta en una organización que todavía es valiosa; su primer paso debería ser renovar el compromiso de la institución con la erradicación de la pobreza, incluida la pobreza energética, que arruina tantas vidas.

Traducción: Esteban Flamini

Abril 11, 2019

Project Syndicate

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