En América Latina y particularmente en Venezuela es tradicional que seamos exageradamente reglamentistas; para casi todo tenemos una ley, un reglamento, una norma, un estatuto, siempre con la noble intención de que las personas actúen dentro de unos patrones de comportamiento deseables y aceptables por la sociedad. Esto es particularmente aplicado a las instituciones públicas del país.

La reglamentación, en general, tiene sus ventajas pero también enormes desventajas cuando no se usan apropiadamente, particularmente cuando no nos cuidamos de su obsolescencia ni aplicamos los correctivos a tiempo y acertadamente.

Esta situación en Venezuela se ha exacerbado durante los últimos veinte años durante los cuales han sido promulgadas leyes para casi todo pero la mayoría de ellas violadas, con mucha frecuencia y sin el consiguiente castigo.

El ámbito universitario no escapa a esa condición, la cual ha frenado, en cierto grado, el apropiado desarrollo y progreso de las instituciones del sector, haciéndolas aún mas vulnerables a los factores adversos a las mismas. Esa exagerada reglamentación promueve la rutina, la inflexibilidad cuando de cambios se trata y limita la capacidad de innovación.

A ese respecto y a manera de ejemplo, existen múltiples reglamentos con relación a cuál debe ser el comportamiento de estudiantes y profesores, pero cuando alguno de ellos se salta, no solo el reglamento correspondiente, sino también el comportamiento ético acorde con su condición universitaria, son tantos los vericuetos legales y sub legales a los cuales se apela, que la sanción o castigo nunca llega o se aplica muy tardíamente. Sucede que, a veces, creamos marcos demasiado rígidos de cumplir pero procedimientos sancionatorios demasiado laxos y complicados.

Otro ejemplo fehaciente son los reglamentos de ingreso de profesores los cuales, hacen prácticamente imposible que un profesional o científico de reconocidos y demostrables méritos pueda ingresar, por primera vez, a la carrera docente en las categorías superiores del escalafón. Se sigue manteniendo la categoría de instructor como la vía preferencial de ingreso, destinada a profesionales recién graduados de poca o ninguna experiencia. Eso supone para las universidades un exagerado costo económico y de tiempo en la formación de su personal académico.

Las equivalencias y revalidas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias existentes, se manejan de manera muy arcaica, con base a los contenidos de materia por materia, sin ninguna consideración a la integralidad de la formación del aspirante a incorporarse, a mitad de camino, a una carrera o aquel que aspira a ejercer legalmente una profesión universitaria sin ser graduado de una universidad venezolana. Esta situación se hará cada vez más compleja a medida que aparezcan nuevas carreras y profesiones con diferentes nombres pero con contenidos muy similares.

Lo mencionado anteriormente nos lleva a pensar que la adaptación de nuestras universidades a un mundo en rápido y permanente cambio ocurre, en muchos casos, muy tardíamente, lo que trae como consecuencia, entre otros aspectos, lo lentos que se hacen los cambios de programas y curricula, no solo en cuanto a sus contenidos sino también en los métodos de enseñanza de los mismos, dificultando adaptarlos a las nuevas realidades locales, nacionales y mundiales.

La rigidez reglamentaria da poca oportunidad a cada profesor de innovar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con las características de cada materia, cada especialidad, cada ciencia, encasillándolas todas bajo un mismo patrón.

Sobre este tema, estoy convencido de que deben existir las leyes, reglamentos y normas necesarias como guía general para el buen funcionamiento institucional, pero con las vías procedimentales que propicien el dinamismo y la capacidad de actualización permanente de nuestras universidades, de acuerdo con los avances de la ciencia, de la tecnología, la cultura en general y en particular con el progreso de la humanidad a la cual pertenecemos.

Sobre este particular seguramente encontraremos posiciones encontradas entre los más tradicionalistas y los muy proclives al cambio, pero siempre, mediante el análisis y la discusión, ha de encontrarse un punto de equilibrio que beneficie a nuestras universidades. LQQD.

Profesor Titular (J), UCLA, Ingeniero Agrónomo, Ph.D.

El encierro cuarentenario me ha obligado, por una parte, a permanecer en el país más tiempo del que tenía previsto y por la otra, dedicarme a actividades no cotidianas, las cuales eran mi obligación como profesor universitario y Presidente del Consejo de Profesores Jubilados (CPJUCLA) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Por lo que, aunque suene redundante, deseo expresar una serie de preocupaciones, convertidas en angustias, respecto del quehacer universitario, con énfasis en lo que atañe a los jubilados.

Nuestras actividades se han visto tan reducidas que hasta se podría decir que anuladas. No es que fueran muchas, porque regularmente estaban limitadas a reuniones de frecuencia mensual de tipo cultural y recreativo, con preponderancia de lo musical, todo ello aunado a eventos deportivos propios de las personas de juventud prolongada.

Esa reducción no puede achacarse exclusivamente a la “cuarentena pandémica” la cual, por larga que sea, siempre será temporal. No, eso viene desde tiempo atrás cuando los recursos, tanto los asignados por el Estado Venezolano como por los aportes directos de los profesores, fueron disminuyendo drástica y continuadamente desde hace varios años, lo cual reduce la capacidad de desarrollar las mencionadas actividades.

Se suma a lo anterior, la baja capacidad de movilización de los profesores tanto en sus propios vehículos como en el deficiente transporte público. Causado también por los ínfimos sueldos y pensiones de jubilación. Si los llamamos irrisorios no es porque causen risa si no que más bien dan ganas de llorar.

Colateralmente, aunque no es responsabilidad directa de los gremios de jubilados, los sistemas de previsión social están prácticamente colapsados y es casi imposible atender los casos de hospitalización y cirugía y, muy deficientemente las consultas médicas externas al igual que los servicios de laboratorio.

Las sedes sociales, tanto las de profesores como las de empleados y obreros han sido invadidas o vandalizadas y en el mejor de los casos, en franco deterioro por falta de recursos para su mantenimiento.

En total, que la denominada cuarentena o más bien toque de queda, simplemente ha sellado con broche de maldad la actividad universitaria en general. No ha quedado hueso sano. Los ataques alevosos y continuados contra la infraestructura universitaria han causado mella en casi todo.

La alternativa de trabajo a distancia, a través de las diversas redes comunicacionales son, a veces, casi una falacia. Las fallas eléctricas, telefónicas y de la internet dificultan enormemente la intercomunicación. Situación esta que no es exclusiva de la UCLA si no que afecta por igual, en mayor o menor grado, a todas las universidades y otros centros educativos y de investigación.

Que podríamos hacer al respecto para paliar la situación mientras llega el “día después”, para el cual si hay muchos y muy buenos estudios y proyectos listos para ser aplicados. Yo me refiero a lo que pudiéramos hacer desde ya.

Con relación a la situación socio- económica de los profesores es muy poco lo que podemos hacer en la actualidad. El régimen nos tiene de manos atadas hasta para hacer elecciones de nuevas juntas directivas de los gremios.

Pero los profesores si podríamos hacer algo en favor de los estudiantes, en particular de los que están en los últimos años de carrera y a punto de graduarse. Un poco de sacrificio y una liberalización de criterios puede ayudar al uso de las ventanas, a veces abiertas, de los sistemas comunicacionales, para atender la culminación de algunas unidades curriculares y en particular trabajos especiales, informes de pasantías y trabajos de grado, sin necesidad de la presencia física.

No debemos aferrarnos como a un dogma de fe a los métodos tradicionales de enseñanza. Tengamos plena confianza en la responsabilidad y honestidad de nuestros jóvenes. Ellos son los más interesados en hacerlo bien ahora y en el futuro. Si algunos de nosotros no estamos al día con las más recientes tecnologías comunicacionales, seguramente encontraremos quien nos ayude y asesore. Hagamos el esfuerzo. La juventud en formación y Venezuela como nación lo agradecerán.

Para concluir, con relación a esta situación tan generalizada, me permito expresar que no hay que ser muy avispado ni de mente muy ágil para señalar unos culpables, quienes se han dedicado con la mayor tenacidad y alevosía a la destrucción de Venezuela.

Ingeniero Agrónnomo, Ph. D.

Profesor titular (J) de la UCLA

Barquisimeto, 08 de junio de 2020