Una estafa es un delito que consiste en obtener una ganancia mediante el engaño. Es decir, generar riqueza haciendo abuso de la confianza de alguien o mintiendo. Moisés Naim escribió un artículo cuyo llamativo título es ¿Cuál es mayor estafa del mundo? La educación (https//www.eluniversal.commx/opinión/moises-naim/cual-es-la-mayor-estafa-del-mundo-la-educacion).

En el mismo describe la asimetría que existe en los resultados educativos entre los países ricos y los pobres. En estos últimos ha aumentado la escolaridad, pero los resultados son deficientes y las causas, admitimos con Naim, son complejas y posiblemente distintas, de acuerdo a cada país. Aquellos que hemos estado vinculados por muchos años en la educación universitaria, conocemos las carencias con las que ingresan a la universidad los más pobres, que es una fracción pequeña, porque la mayoría no llega a la educación superior Así, cuando grupos de opinión como Nueva Universalia trata de contribuir a mejorar las universidades, están conscientes que el tema de la educación es mucho más complejo que el correspondiente a la cúspide del mismo.

De lo que no estoy muy seguro, en lo que corresponde a la educación en el sector público, es que la estafa sea el único delito que se comete o el que explique que un niño vaya a la escuela a aprender y salga de ella sin los conocimientos ofrecidos. Es posible que en el fracaso educativo nacional existan otros delitos, entre ellos prevaricación, cohecho y malversación.

Cuando un funcionario aprueba y ubica en el cargo de maestro o director de una escuela a una persona a sabiendas que es incompetente, es sin duda prevaricador y si además recibe algún favor, monetario, partidista o sexual, está practicando el cohecho. ¿Cuál es el delito que comete un gobernante cuando aprueba un presupuesto insuficiente para pagar salarios que garanticen la existencia de maestros competentes o la construcción de instalaciones educativas adecuadas? Sin ser abogado ni docto en materia legal, pareciera que comienza por una oferta engañosa, la tiñe con prevaricación, tolera el cohecho y obliga a la malversación.

Con respecto a éste último delito, que en nuestra legislación consiste en utilizar recursos aprobados para un concepto en otro diferente, recuerdo un dilema interesante: un funcionario que quería desarrollar la biblioteca hizo una solicitud de crédito adicional. La misma tenía dos componentes, los libros y los estantes. En su ignorancia o en un acto de prevaricación, los congresistas aprueban los estantes y no los recursos para los libros. El funcionario decide adquirir los libros con los recursos asignados a los estantes y comete el delito de malversación, pero nadie lo acusa por no querer pasar por idiota. Pero otro funcionario, obediente, compra los estantes que eventualmente se convertirán en refugio para arañas o cucarachas, porque tampoco se contemplaron en el presupuesto artículos de limpieza.

Tampoco es extraño que se apruebe un plan de alimentación escolar, pero que en la escuela no exista cocina, cocinera, gas, platos, cubiertos o agua corriente para que los niños se laven las manos o se limpien los artículos empleados en la alimentación, si es que estos existen.

También me pregunto: ¿Cuál es la designación formal para el delito de construir escuelas lamentables en diseño, ubicación, estructura y servicios, cuando la población objetivo es muy pobre? Recuerdo un párrafo en una reflexión sobre el genocidio que reza así: “La no-evitabilidad de lo que pasa es debido a la no-voluntad y la no disponibilidad a cambiar comportamientos sociales y económicos que apuntan a mantener los privilegios y los intereses de unas minorías que se atribuyen el poder no juzgable de decidir cuáles son las vidas que tienen el derecho a ser vividas y defendidas indefinidamente, declarando así explícitamente que existen grupos humanos inferiores, no-humanos, no sujetos al derecho fundamental a la vida y a la dignidad.”*

En el mejor de los casos se trata de gobiernos pauperofóbicos, odian a los pobres ya que los hacen preservar su condición.

Una vez visité un pueblo que tenía por escuela un horrendo galpón con techo de zinc cuya temperatura interior, que medí con un buen termómetro, era de 48,5 centígrados a las 11 de la mañana. El local era tan malo que hacía imposible generar en los niños la percepción de un horizonte distinto y mejor, ya que jugar a la sombra de algún árbol frondoso, parecía y era más saludable.

Pero además, en el caserío no vivía ningún maestro y el abnegado titular del cargo recorría en motocicleta 35 kilómetros para acudir a su trabajo. Obviamente no iba todos los días, los martes atendía un negocio familiar para redondear su miserable salario y a veces faltaba una semana ya que su ingreso no le permitía adquirir un neumático o reparar alguna pieza de su vehículo y cuando eso ocurría, debía esperar que alguna madre hiciera una colecta entre las restantes, todas muy pobres, para adquirir el repuesto requerido.

Cuando un gobierno destina el 4 o 5% de su presupuesto a la educación a sabiendas que una proporción elevada no se traducirá en conocimientos básicos ¿comete una estafa o desencadena una cadena compleja de otros delitos? En mi opinión, muchos más ya que, entre otras cosas, está condenando a la miseria de por vida a niños que nada aprenden y estimulando un componente de la violencia y el crimen, que es el desempleo crónico.

Este párrafo es un ejercicio ilustrativo de ficción. En el mundo se destinan 1.450.000.000.000 de US$ (2,2% del PIB) al mantenimiento de ejércitos (Wikipedia, 2021 y Banco Mundial), mientras invierte el 4,5% del PIB en educación (Banco Mundial, 2021). Con el 10% del gasto militar 145.000.000.000 se podría generar una revolución educativa mundial al destinar 1.450 US$ por niño y año para atender a 1.000.000.000 de niños, eso sí, siempre que la inversión tenga objetivos nítidos y ejecución responsable y honesta.

Para dar una idea de la inversión por niño señalaremos que oscila entre 280 y más de 6.000 US$ de acuerdo con el país. En Venezuela el ingreso de un maestro, salario + bonos, no llega a US$10 mensuales, en Finlandia supera los 5.000. Pero, no es gratis, hay que ser muy competente para ingresar al sistema y someterse cada tres años a una rigurosa evaluación.

Existen delitos subyacentes en la relación de muchos gobiernos con gremios, promociones y en la prevaricación de contratar maestros con sueldos miserables con la certeza que, por mal preparados o por tratar de sobrevivir con empleos complementarios, no se ocuparán, como es su obligación, de dar buena educación a sus alumnos.

Pero al final, coincido con Naim cuando usa la palabra estafa, ya que cuando los ciudadanos pagan un impuesto, el gobierno los engaña señalando que esa porción de su riqueza será empleada en la formación de personas competentes y no desviada hacia destinos inconfesables. Ahora la pandemia profundiza las diferencias ya que la educación a distancia tiene un costo que no todos pueden pagar o la misma es imposible por carencias o fallas recurrentes de servicios como electricidad o Internet.

*Tognoni, G., 2021: ¿Las muertes y enfermedades como expresión moderna del genocidio? (https://www.vocesenelfenix.com/content/%C2%BFlas-muertes-y-enfermedades-como-expresi%C3%B3n-moderna-del-genocidio)

Las universidades se encuentran entre las instituciones más antiguas del mundo occidental. Bolonia (1088) y Oxford (1096) ya son milenarias. Le siguen en orden Cambridge (1209), Salamanca (1218) y Padua (1222). En nuestro continente, con algunas polémicas por los sellos y cédulas reales, las más antiguas son la de Santo Tomás (1538) en la actual República Dominicana, San Marcos en Lima (1551) y la Real y Pontificia de México (1551). La nuestra es creada en 1721 y su nombre cambió más de una vez, hasta su denominación actual: Universidad Central de Venezuela (UCV). Está cumpliendo 300 años.

Hoy, la UCV, muestra profundas heridas tanto en su infraestructura como en todos los cimientos de la institución. Semi desierta, estrangulada económicamente y víctima de hampones ha perdido parte su médula que son los profesores y sus estudiantes. No están mejor las restantes universidades autónomas y experimentales que sin duda florecieron a partir de 1958. En estas últimas semanas han circulado varios documentos que tienen en común la denuncia de todas las desgracias impuestas por el actual gobierno y algunos están también motivadas por la posibilidad de elegir nuevas autoridades. En efecto, una de las facetas malévolas de la intervención gubernamental ha sido el tema de las elecciones, no sólo las universitarias, sino también de gremios y otras organizaciones de la sociedad civil que, en la trasnochada visión de algunos jerarcas, deberían todos estar al servicio, no del país, sino del partido de gobierno. En todo esto coinciden los documentos, pero algunos obvian la columna principal de la institución y esa no es otra que la esencia de la vida académica.

Una universidad no es una república, ni aspira a ser democrática. Es, en por su naturaleza y misión, meritocrática y su conducción debe, sin duda alguna, estar en manos de un liderazgo ilustrado y respetado por sus conocimientos, formación y trayectoria. No es la única institución que debe ser impermeable al populismo, existen otras. Por ejemplo, nadie espera que en un ejército los soldados elijan a su general o que el Papa sea designado por el voto universal de los feligreses. De allí que, por centenares de años y hasta milenios como en algunas, existen ciertas reglas y procederes para designar rectores, otras autoridades, decanos y directores. Reglas que trascienden las elecciones porque están basada en sus valores fundamentales.

No se obtiene una licenciatura, maestría o doctorado por ser más popular o pertenecer a un partido político. Tampoco el ascenso de los profesores, desde la primera categoría llamada Instructor hasta la máxima, designada como Titular debe estar corrompida por la política partidista, el compadrazgo o la ideología. La universidad no es sólo un sitio para aprender una profesión, debe ser generadora de nuevos conocimientos, innovaciones y sin duda, traductora y difusora del acontecer científico, literario, artístico o tecnológico global que debe estar disponible para la sociedad. Así, muchos profesores no deseamos que persista el actual estado de las cosas, pero tampoco deseamos simplemente retornar al anterior.

Queremos una universidad mejor estructurada, ajustada a los cambios vertiginosos de la actualidad, apoyada financieramente por sus egresados y los agentes económicos en capacidad de hacerlo. No basta con los recursos del Estado y sus vaivenes, ni es aceptable que la contraprestación del apoyo económico sea la genuflexión porque la gestión del conocimiento es demasiado importante para un país, para que sea regida por una ideología. Autonomía es un sinónimo de libertad para estudiar, pensar, investigar y enseñar con calidad. Por todo esto no basta una elección mediatizada de nuevas autoridades para que todo quede igual. Hace falta, es un clamor, que quienes aspiren a su conducción tengan, no sólo las credenciales, sino también un proyecto para elevar su calidad y asegurar su continuidad.

Cuando Venezuela se asomaba al mundo moderno, en la década de 1940, surgieron ideas y organizaciones más marcadas por la ideología, que por el sentido común. Una de las más populares fue aquella del “Estado Docente”, es decir el control de la educación por el gobierno de turno. Otra, que venía del siglo XIX y se le atribuye a Guzmán Blanco, era la gratuidad de la enseñanza. Con el tiempo y la nefasta experiencia de las dictaduras, que han marcado algo así como el 80% de nuestra historia, pensamos que con nuevas leyes, incluyendo la autonomía universitaria, se podían alcanzar metas adecuadas en materia educativa. Pero, sin negar que aumentó notablemente el número de escuelas, liceos y universidades, nuestra sociedad fracasó, a la par de sus gobiernos, en crear un sistema sólido, de calidad y competitivo. Sacrificamos calidad por cantidad.

Es que resulta muy difícil crear un paraíso dentro del infierno y al arrastrar serias carencias, y crear nuevas, resultaba muy difícil generar ideas claras sobre la educación y su indispensable vínculo con la economía. Algunas son notables como las “escuelitas rurales” que, con raras excepciones, eran construcciones baratas y primitivas, bloques perforados para ventilación, techos de zinc, mobiliario elemental y adentro un maestro mal pagado tratando de transmitir conocimientos en el seno de un clima caluroso y húmedo, plagado de mosquitos y con su voz atenuada por el ruido de la lluvia sobre el techo de zinc. En muchas ciudades también se improvisaron centros educativos en casas antiguas o nuevas, pobremente diseñadas y a veces mal construidas. No podían esas construcciones dotar al estudiante de un horizonte de vida mejor que el de su propia y humilde vivienda.

No fue muy distinto el criterio utilizado para dispensarios o sedes de organizaciones gubernamentales que hasta hoy persisten. Mientras tanto en los países que hoy llamamos desarrollados y que no lo eran tanto hace 50 o 100 años, se construían escuelas con otros criterios arquitectónicos y se formaban docentes para ser líderes de la sociedad. Puedo recordar escuelas, primarias y secundarias rurales en esos países con estructuras de ladrillo y vidrio, biblioteca, piscina, aire acondicionado, buena iluminación, campo deportivo, buenos muebles, baños limpios y laboratorios. Competían los gobiernos locales, nacionales y el sector privado, con menos leyes y más libertad, por ofrecer educación de calidad. Aquí, sin duda crecimos, aumentó el número de estudiantes y docentes, pero no progresamos lo suficiente por carecer de visión y ambición. Pobres escuelas para los pobres y, debemos admitir, destellos, como algunos liceos bien construidos y dotados como el Andrés Bello y el Fermín Toro en Caracas para citar algunos.

A la educación universitaria le fue mejor. Fue factible, a partir de la década de 1950, hacer cosas como la Ciudad Universitaria para albergar a la UCV y se dotaron bien las instalaciones de la ULA, UDO, UC, USB y otras. La nueva Ley de Universidades de 1958 le dio un buen impulso a nuestras principales casas de estudio y a la par se desarrollaron universidades privadas. Pero ideologías trasnochadas, política, compadrazgo, gremialismo mal concebido, aislamiento del sector privado y el control gubernamental a través del presupuesto, fueron erosionando un sistema que creció en cantidad y calidad hasta 1978. Hoy el sistema está deteriorado al extremo, buena parte de la infraestructura está destruida, han migrado miles de docentes e investigadores porque el populismo y la corrupción, que en todas partes existe, pero no domina, se impuso sobre la calidad.

Esas cosas las conversamos en un grupo de opinión denominado Nueva Universalia, profesores universitarios preocupados por el futuro, pero obligados a atisbar al pasado. Existen frases crueles para describir lo ocurrido, una, común en lo cotidiano, reza así: “es que tiene un rancho en la cabeza”. Pero ¿por qué elegimos gente que tiene un rancho en la cabeza para gobernarnos? Quizás los años de bonanza se nos fueron en vivir mejor que las generaciones precedentes que nacieron en una Venezuela pobre que venía de ser una colonia muy pobre, en lugar de hacer un esfuerzo por inscribirnos en el pujante siglo XX. Ojalá que de esta crisis, la peor que hemos tenido desde la Guerra Federal, nos hayan quedado lecciones para el futuro, que necesitamos más baños en las escuelas, maestros y profesores bien pagados, capacitados y estrictamente supervisados -en lo que al conocimiento concierne- y menos citas de textos o cuadros de algún prócer matizando las paredes.

Las universidades, como el resto del país, viven una crisis aguda. No hay exageración al utilizar adjetivos como destrozadas. Los daños a sus infraestructuras son severos, han sido víctimas de vandalismo y abandono por falta de recursos. Pero además, su núcleo fundamental, el profesorado, ha sido agredido desde ángulos diversos. Sus remuneraciones son miserables, las condiciones de trabajo –presenciales o virtuales- son pésimas y además una fracción importante de los investigadores y docentes han migrado a otros países. La UCV se prepara para conmemorar el tercer centenario de su fundación y reflexionar un poco sobre ella, y las restantes universidades similares, está en orden. Existen muchos profesores que, en forma individual o en grupos de reflexión, claman por cambios e innovación en nuestras máximas casas de estudio y están conscientes que la responsabilidad fundamental descansa sobre ellos.

La tragedia universitaria no sólo es consecuencia del brutal empobrecimiento del país, sino también de la aplicación de políticas explícitas del gobierno destinadas a su reducción en tamaño y calidad. Peor aún, han obligado a muchas autoridades a perpetuarse en sus posiciones a través de instrumentos legales que han impedido la realización de elecciones dentro de lapsos y con procedimientos que formaban parte de la cultura determinada por los acontecimientos de 1958. Sin duda el mundo cambió vertiginosamente desde la aprobación de la Ley de Universidades de 1958 y las formas de gobierno establecidas. Es tan obvia la necesidad de cambios importantes al interior de las mismas, como la de elegir nuevas autoridades. Sin embargo, nada gana la institución con elecciones rectorales y de otro tipo, si las mismas no están basadas en propósitos destinados a mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y el vínculo con la sociedad.

La enumeración de los cambios requeridos es muy larga para profundizar sobre cada una de ellas en un artículo, pero podemos mencionar algunas y pedirle al profesorado que medite sobre ellas ya que son indispensables para su persistencia. Todas parten de la necesidad de una misión y una visión donde la excelencia, los méritos académicos acumulados y el afán de libertad constituyan el norte, como ocurre en las universidades de prestigio de otras latitudes, donde nadie cuestiona su importancia para la sociedad. Universidades cuyo papel no se limita a la formación de profesionales, sino que son incubadoras del liderazgo nacional.

En principio nueve propuestas, que apenas son una lista para meditar y perfeccionar.

1. Crear relaciones sostenibles con la comunidad empresarial y las administraciones locales y regionales (gobierno-instituciones generadoras de conocimiento-empresas) y para ello crear, fundaciones, organizaciones y grupos de reflexión, destinados a financiar proyectos destinados a mejorar la calidad y cantidad de la producción nacional y los servicios, así como a participar activamente en el diseño de una nueva y moderna universidad;

2. Fortalecer los estudios de postgrado –maestrías y doctorados- como fuente de capital humano para la docencia y la investigación, y -especializaciones- como respuesta efectiva para solventar los grandes problemas de los sectores productivos y sociales;

3. Innovar para crear carreras de vanguardia, complejas y multidisciplinarias ajustadas a las demandas del siglo XXI y las tecnologías correspondientes;

4. Crear enlaces efectivos a través de redes con proyectos nacionales o internacionales tanto educativos como de investigación;

5. Una política explícita destinada a la actualización y educación continua del profesorado;

6. Una política y acciones concretas para la integración con los profesores destacados que han emigrado;

7. Ajustar los programas de becas estudiantiles basadas en méritos y resultados para asegurar la posibilidad de una dedicación plena al estudio sin agobios socioeconómicos que lo impidan;

8. Crear programas temporales, basados en la excelencia y trayectoria de los docentes activos y jubilados – que puedan ser reincorporados- destinados a mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos mientras persistan las dramáticas condiciones económicas del país y

9. Un serio y formal compromiso para construir un nuevo cuerpo de leyes y normas destinadas a la modernización institucional.