Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no parecen importarle los informes de organismos internacionales que ponen en duda su independencia o que lo acusan de ser instrumento de la represión del Gobierno.

Las deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia abarcan a los órganos encargados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las distintas formas de violencia contra las mujeres. Las fallas e irregularidades son tantas y tan graves que se puede afirmar que la justicia de género en Venezuela incurre en violencia institucional.

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, también conocida como Ley Antisociedad, es un nuevo instrumento de represión que el Gobierno pretende usar para profundizar el cierre del espacio cívico en Venezuela.

A partir de ahora solo podrán ingresar al territorio nacional los venezolanos que tengan su pasaporte vigente. Por su parte, quienes no tengan este documento o lo tengan vencido deberán solicitar un salvoconducto ante la embajada o consulado venezolano donde residan, o próximamente a través de un sistema electrónico que el Gobierno aseguró que pondrá en funcionamiento para atender a quienes residan en un país donde no haya representación diplomática.

La represión en Venezuela ya no se limita a opositores, disidentes, periodistas o activistas de derechos humanos, sino que puede afectar a cualquier ciudadano. Así lo advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV)de Naciones Unidas.

Ha transcurrido un cuatrimestre desde que el 1 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara su decisión de subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares.

Cuando el pasado sábado 7 de septiembre se conoció que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia había solicitado asilo en España, el fiscal general Tarek William Saab anunció que su despacho pondría fin a la persecución que había iniciado en su contra.

La represión y persecución por motivos políticos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio también son materia de interés para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), aun cuando la investigación en curso sobre Venezuela tiene foco en hechos ocurridos con anterioridad.

Varias anomalías estuvieron presentes en las actuaciones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el proceso judicial iniciado a raíz de un recurso contencioso electoral introducido por Nicolás Maduro para obtener la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que le fue adjudicado el triunfo por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Por donde se vea, la situación de los derechos humanos en Venezuela es preocupante. Así lo dejó en claro el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien presentó un panorama desolador en el que la persistencia de prácticas como las desapariciones forzadas, la detención de disidentes y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ se unen a las serias fallas en los servicios básicos y los paupérrimos ingresos de los trabajadores y jubilados.