Un sistema, por ejemplo un sistema socio-económico y político, vive un proceso de transición, cuando está cambiando gradualmente desde un estadio o modo de ser inicial a otro distinto, lo que implica que las características de cualquier situación intermedia en el proceso sean una combinación de los rasgos del estadio inicial y de otros nuevos que anuncian el estadio final.
Considerando lo anterior, quienes hoy discurren sobre una transición en Venezuela, no se refieren a una forma particular de cambio cuasi instantáneo en el cual todos los elementos del estadio inicial habrán desaparecido en un breve plazo; se refieren a un proceso de cambio gradual, en cuyos estadios intermedios convivirán elementos del régimen inicial que casi todos los venezolanos rechazan y de un estado de cosas final que desea la mayoría. Por otra parte, siendo realistas, para los venezolanos puede ser atractiva la opción de iniciar muy pronto una transición, frente a la apuesta por un desplazamiento total del régimen hoy imperante, la cual tiene una probabilidad muy baja de éxito en el corto plazo, debido a la correlación de las fuerzas que están en capacidad de emplear el gobierno y los aliados internacionales que lo mantienen, por una parte, y la oposición democrática y sus aliados por la otra.
Hay que entender que no sería corto el proceso de transición que nos podría llevar a salvar el enorme abismo que hay entre lo que hoy tenemos y lo que aspiramos tener como sistema socio-económico y político futuro, y que las transformaciones necesarias trascienden el sólo ajuste de algunos instrumentos electorales, acomodo al que se limitan muchos voceros de la Oposición cuando hablan de transición.
Está claro cómo es el estadio inicial del cual partiría la transición. Él implica, entre otros rasgos dominantes, la inexistencia de las libertades individuales y las instituciones fundamentales de la democracia, la desaparición de las bases y reglas requeridas para el progreso de la sociedad, el predominio de la pobreza y el empleo sistemático de políticas populistas clientelares para manipular a los más pobres, la siembra de odios entre grupos sociales, la violación sistemática de los derechos humanos y la desinstitucionalización de la justicia, el uso de la Fuerza Armada para reprimir a los ciudadanos, la corrupción de buena parte de la clase política y de una clase empresarial relacionada con ella, y la asociación del Estado con redes criminales y organizaciones terroristas internacionales.
En el otro extremo del proceso de transición deseable deberíamos buscar un sistema socio-económico y político cuyos rasgos fundamentales fuesen opuestos a los comentados para el estadio inicial. Si bien podría argumentarse que algunas de las transformaciones implícitas en el paso de un sistema a otro llevarían muchos años y pertenecen a lo que se ha llamado “la reconstrucción” de Venezuela, la cual vendría después, si continuamos con las analogías constructivas se nos hace evidente que al menos las fundaciones para esa reconstrucción deberían quedar armadas como parte de la transición.
Partiendo de las premisas anteriores, y pensando en la hipótesis de que se negociaría un proceso deseable de transición entre la Oposición, el Chavismo y la Fuerza Armada, planteamos a continuación tres grupos de propuestas a ser consideradas en ocasión de tal negociación. El primer grupo se refiere a unas estrategias para hacer pacífico e irreversible el proceso inicial de transformaciones; el segundo tiene que ver con cómo vencer algunas amenazas muy serias, internas y externas, que podrían desviar al proceso del destino deseado por la mayoría de los venezolanos; y el tercero involucra la duración de la transición, es decir el horizonte temporal en el cual puede completarse lo que hemos llamado las fundaciones.
UNA TRANSICIÓN PACÍFICA E IRREVERSIBLE
Lograr que la transición sea pacífica y que no se revierta en medio del camino, implica poner en marcha una estrategia de reconciliación con justicia que construya nuevos soportes para la convivencia, reducir notablemente la exclusión social y restablecer una Fuerza Armada que sea garante de la democracia, las libertades y la paz. Nuestras propuestas en los tres ámbitos constan de políticas públicas y reformas concretas que fueron planteadas en nuestro libro “Venezuela, vértigo y futuro” de la Universidad Metropolitana y Editorial Dahbar.
Nuestras propuestas sobre la reconciliación con justicia persiguen, en una primera dimensión, superar la animosidad política extrema; en una segunda esfera plantean una estrategia para hacer justicia y reparar a las víctimas de crímenes graves contra los derechos humanos cuyos responsables son dirigentes del Estado; y en un tercer espacio, formulan políticas y programas para reducir a la mínima expresión posible la violencia delictual que ha llegado a niveles nunca antes vividos.
En cuanto a la reducción de la exclusión social, nuestra propuesta fundamental consiste en poner en ejecución -desde el inicio de la transición- un conjunto de políticas públicas soportadas en un pacto para el progreso de todos y la superación de la pobreza, en el cual se comprometan el gobierno, los partidos políticos, los organismos empresariales y los sindicatos. Las políticas del Pacto deben dirigirse a la estabilización macroeconómica, el abatimiento de la inflación y la recuperación de los salarios reales; a la generación de progreso real en las condiciones de empleo, la seguridad social y los servicios de salud; a la recuperación de la calidad en la educación pública; y a una mejora sostenida de los servicios y equipamientos de todos los barrios del país mediante programas con una vida no menor de 20 años.
Lograr una lealtad activa de la Fuerza Armada Nacional a la Constitución será indispensable para que vivamos una transición pacífica y para que podamos reconstruir y consolidar nuevamente las instituciones republicanas. Para lograr esto, es necesario que las negociaciones que den inicio a la transición acuerden la forma en que serán implementadas una cultura civilista y democrática en el seno de la FAN, así como las reformas en los estatutos que sustentan su funcionamiento y el alcance y la manera de realizar la depuración de los altos mandos actuales.
EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LAS REDES INTERNACIONALES DEL CRIMEN Y EL TERRORISMO
Son rasgos del sistema de gobernanza actual de Venezuela, la corrupción generalizada en la dirigencia del Estado y la vinculación orgánica del alto gobierno y las élites militares con el lavado internacional de dinero y con redes delictivas globales que trafican drogas, armas, personas y minerales estratégicos. De admitirse que algunos de estos rasgos persistan en la transición, el proceso sería prisionero del régimen anterior y sus aliados internacionales, y nunca llegaría a avanzar.
La corrupción contribuyó a la pérdida de la democracia a finales del Siglo XX y hoy ha penetrado cuadros dirigentes de la Oposición, debilitando con descrédito los esfuerzos que se hacen por la liberación de Venezuela. La transición venezolana tiene que basarse en un acuerdo explícito de lucha contra la corrupción y debe dotarse de los mecanismos institucionales para hacerlo efectivo.
Por su parte, el tráfico de drogas en general y en particular el apoyo al mismo a través de órganos del Estado; las relaciones con Hezbollah, Iran y Cuba para desestabilizar a otras democracias; y la exportación ilegal y sin controles de minerales del Arco Minero, no solo deben ser activamente perseguidos por la Venezuela de la transición a través de la justicia y sus cuerpos auxiliares. Venezuela debe defenderse de estas amenazas externas reincorporándose a los tratados internacionales de los cuales la retiró el régimen socialista, y con el mismo fin debe participar de otros mecanismos de coordinación de la seguridad internacional, de la lucha contra el crimen organizado y de la cooperación internacional para el desarrollo.
LA DURACIÓN DE LA TRANSICIÓN
Como se desprende de lo antes dicho, la duración del proceso de transición no debe establecerse ex-ante reduciendo sus alcances a asuntos puramente electorales. Hay políticas y medidas necesarias para construir las fundaciones de la posterior reconstrucción, que tienen lapsos de maduración superiores a los electorales y que sólo tendrán éxito si su aplicación es apoyada por los factores de la actual oposición, el chavismo y la Fuerza Armada. Lo responsable de parte de la Oposición sería colocar en segundo plano los apetitos electorales, para no arriesgar la gobernabilidad en lo inmediato y la sostenibilidad futura de la democracia.