Cuando hablamos del desarrollo nos referimos a los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que conducen a la realización de la mayoría de los miembros de una sociedad, procesos que son protagonizados por las personas ejerciendo su libertad, apalancándose en sus propias capacidades y en la cooperación con otras personas.
Tres consideraciones basadas en este concepto son importantes para definir el rol que debería jugar el Estado en las iniciativas futuras de desarrollo que acometa Venezuela. La primera es que los protagonistas del desarrollo son los ciudadanos y no el Estado, quien debe dar apoyo sin pretender ser el actor principal de los procesos; la segunda es que las capacidades humanas son palancas fundamentales de los procesos involucrados y por lo tanto ameritan estrategias para su creación y consolidación; y la tercera es que -por lo tanto- no basta definir el rol del Estado en la economía, hay que definirlo en el conjunto de los procesos del desarrollo.
En el marco de las consideraciones anteriores, hay que realizar un conjunto de reformas institucionales que son particularmente importantes para apoyar el éxito de las estrategias de creación de capacidades y las de reconstrucción del tejido social.
Se trata de las reformas que constituirán los marcos regulatorios de la Nueva Economía, incluyendo las que son indispensables en el proceso de transición a la democracia; las reformas que son requeridas para apoyar la creación de un nuevo sistema de seguridad social, aquellas que más ayudarán a maximizar los impactos reales de la educación en nuestro desarrollo, las que serán sustento de las políticas dirigidas a fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y aquellas que darán soporte a la estrategia de reconstrucción del tejido social, incluidos la Reconciliación con Justicia y el Pacto para el Progreso de Todos y la Superación de la Pobreza.
Tomando en cuenta lo dicho, el Estado no debe limitar su papel en el desarrollo a proteger los derechos económicos de los ciudadanos. Él tiene mucho que aportar creando condiciones propicias para que las personas acumulen capacidades y ejerciten con éxito las libertades de emprendimiento económico, social, cultural y político, y para que los resultados de las iniciativas beneficien a toda la sociedad.
Lo que no debe hacer el Estado es asumir el protagonismo de iniciativas que corresponden a los ciudadanos y que ellos pueden acometer por sí solos, y menos aún impedir a estos ejercerlo. Por lo tanto, la regla general debe ser que el Estado no ocupe los roles del empresario que invierte, arriesga y concurre a competir en los mercados de bienes y servicios, y que sólo actúe como productor en servicios sociales como la salud y la educación, o en servicios que implican grandes inversiones en externalidades que no pueden desarrollar por sí solos los privados, casos en los cuales debe preferir la actuación en alianzas público-privadas.
Solo en casos excepcionales debería el Estado asumir el rol de empresario, nunca con reserva exclusiva de la actividad que realice, y siempre sujeto a leyes especiales y sistemas regulatorios que impidan que su rol limite indebidamente las iniciativas de los actores privados. Ese podría ser el caso de la producción de hidrocarburos, un tema que amerita un debate amplio y sustantivo que lleve a una estrategia de consenso en el futuro.
Caben basicamente tres clases de acciones del Estado para dar esos aportes en el nuevo estilo de desarrollo. La primera es proteger la vida, la integridad personal y los derechos de todo tipo de los ciudadanos y garantizarles seguridad jurídica y acceso a la justicia; la segunda es crear oportunidades para que todos ellos puedan acrecentar sus capacidades humanas, por ejemplo a través del acceso sin discriminación ni barreras a la educación de calidad, la seguridad social, los servicios de salud y los mercados de financiamiento. La tercera es crear externalidades que favorezcan la eficiencia de las iniciativas que emprenden los ciudadanos, como por ejemplo la promoción de la competencia y la provisión de infraestructuras que incrementan la productividad y la competitividad de la economía.
El Estado puede dar aportes de los tres tipos a través de la creación y la supervisión de marcos regulatorios, como son los conjuntos de leyes y reglamentos que gobiernan la descentralización o la competencia, o de la implementación de políticas activas, como son por ejemplo las políticas de educación, de estabilización macroeconómica y de fomento a la innovación tecnológica.