La foto ya está tomada. Desde ayer, la mesa entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y la que preside Jorge Rodríguez ocupa las portadas: la iniciativa número dieciocho en veintisiete años, la octava mesa formal. La tentación será juzgarla por la fotografía. Conviene resistirla. Una negociación no se revela en cómo se instala, sino en las fechas que produce. Y la única fecha que de verdad importa, la de una elección competitiva, tiene un precio que casi nadie está nombrando.

Hay una razón seria para pensar que esta vez puede ser distinta, y no es la que suele invocarse. No es que las partes estén mejor dispuestas ni que los negociadores sean más hábiles. Es que, por primera vez en un cuarto de siglo, un tercero controla la matriz de pagos de ambos lados. Los mediadores internacionales casi nunca son imparciales, y eso no los invalida: sus intereses son justamente lo que les da motivación y recursos para mover a las partes. Pero hay una distancia entre un mediador con intereses y un principal con una cartera. Washington no media entre Caracas y la oposición: administra un activo que ya controla, la renta petrolera, el acceso financiero e incluso la seguridad personal de quienes gobiernan y temen correr la suerte de Maduro. Lo que no controla son las consecuencias de la ilegitimidad del gobierno que ha tutelado desde el 3 de enero. A diferencia de Noruega, los Estados Unidos deciden quién se sienta, qué se discute y en qué plazos. Los resultados dependerán más del mediador que de quienes negocian.

De allí lo esencial. El estancamiento mutuamente dañino que, según Zartman, abre la ventana de toda negociación no se produjo entre venezolanos: se produjo el 3 de enero, por decisión de Donald Trump. La madurez de este proceso es importada y, por tanto, real mientras el actor externo la sostenga y reversible el día en que su atención se desplace. Esa es la variable que hay que vigilar, no la temperatura de la mesa. Con eso en mente puede anticiparse qué producirá, y en qué orden.

Tres precios

Lo primero y más probable son los acuerdos humanitarios y las excarcelaciones. Son la moneda más barata que tiene el gobierno interino: visibles, celebradas afuera y perfectamente reversibles. Los 368 presos políticos que registra Foro Penal son hoy la prueba más objetiva y más reprobada del proceso; cualquier avance allí es bienvenido y ninguno es, por sí solo, evidencia de transición. Ya vimos ese mecanismo funcionar, y desmontarse parcialmente, con la Ley de Amnistía.

Lo segundo, de resultado ambiguo, es la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. La pregunta no es si habrá acuerdo, sino cuál de dos acuerdos distintos se firma. Uno reparte cuotas entre las partes sentadas y produce árbitros equilibrados en su composición y dóciles en su función. El otro establece criterios de independencia, mecanismos de designación verificables y consecuencias por incumplimiento. Los dos se anuncian con las mismas palabras. Solo el segundo cambia algo. La diferencia se detecta en un detalle: si lo que se negocia son nombres o son procedimientos.

Lo tercero, la fecha electoral, es lo caro. Y aquí hay que decir lo que casi nadie dice.

La llave escondida

Dahl estableció en 1971, y Acemoglu y Robinson lo formalizaron, que la apertura ocurre cuando el costo de reprimir sube y el costo de tolerar baja. En Venezuela solo se movió la primera mitad. Reprimir se encareció brutalmente el 3 de enero. Tolerar sigue siendo existencialmente caro para quienes deben convocar las elecciones.

La razón está a la vista. La protección judicial de la que hoy goza la presidenta encargada aparece asociada al ejercicio del cargo: un cronograma que ponga fecha al fin de su gestión es, para ella, un cronograma que pone fecha al fin de su protección. Y la situación es aún más complicada para quienes comparten gobierno con Delcy Rodríguez pero no la protección que Washington le ha concedido. Mantener el gobierno es hoy la única garantía de supervivencia para muchos actores clave del oficialismo. Barbara Walter lo demostró estudiando guerras civiles: nadie se desarma sin garantías creíbles de que no será eliminado una vez vulnerable. Exigir elecciones sin resolver esa ecuación es pedirle a alguien que firme su propia sentencia y confiar en que lo hará por sentido del deber.

De modo que la llave de esta mesa no está en la agenda pública. Está en un capítulo que probablemente no se anunciará: las garantías de salida. No hablo de impunidad por violaciones graves de derechos humanos, que ni el derecho internacional ni la decencia admiten. Hablo de un esquema de justicia transicional, con reglas conocidas, que reduzca el incentivo a bloquear el cambio. Y con una exigencia que rara vez se formula: esas garantías deben sobrevivir a quien ocupe la Casa Blanca y a quien ocupe Miraflores. Una garantía que dependa de la voluntad de un gobierno extranjero no es una garantía; es una hipoteca.

Dos relojes y una sala incompleta

Hay una segunda razón por la que esa fecha se encarece. La asimetría más peligrosa del proceso no es de poder, sino de calendario. La agenda económica tiene plazos, mecanismos de renovación y beneficiarios organizados: contratos petroleros ya migrados, licencias con vencimiento, una moratoria financiera que expira en enero de 2027, más de trece mil millones de dólares en crudo ya vendidos. La agenda política tiene declaraciones de buena voluntad. Cuando una negociación enfrenta una agenda con plazos a otra sin plazos, el resultado es previsible: la primera se cumple y la segunda se administra. La consecuencia es una sola: cada renovación del andamiaje económico debería quedar atada a un hito político con fecha cierta, empezando por el cronograma electoral.

Queda el problema de representación, y es funcional antes que moral. Dinorah Figuera aporta la legitimidad institucional del Parlamento de 2015, uno del que casi nadie se acordaba o que dábamos por extinguido. Pero el mandato de julio de 2024 lo recibieron María Corina Machado y Edmundo González, y ninguno está en la mesa. El argumento en contrario merece tomarse en serio: quizá su ausencia sea la condición que hace que el régimen acepte sentarse, y exigir presencia plena podría elevar el precio hasta hacer inviable el cronograma. Es una secuencia defendible, pero solo es secuencia si al final existe un mecanismo de ratificación por quienes tienen el mandato para validarla. Sin él no es secuencia: es sustitución. Y un acuerdo que la mayoría democrática no puede validar tampoco puede hacerse cumplir, porque el obligado sabrá que su contraparte carece de capacidad de sanción.

Tres señales, entonces, en los próximos sesenta días. Si aparece una fecha electoral codificada en un acto formal, hay transición negociada. Si aparecen nombres para el CNE sin reglas que los obliguen, hay reparto. Si aparece un capítulo de garantías con fuente jurídica propia, y no meramente política, hay diseño serio; si no aparece ninguno, el cronograma nunca estuvo sobre la mesa.

Esta mesa no debe evaluarse por su capacidad de producir acuerdos. Diecisiete procesos anteriores produjeron algún acuerdo, aunque sea para lavarle la cara a quienes negociaban. Debe evaluarse por su capacidad de producir fechas, y de hacer que incumplirlas cueste más que cumplirlas. Lo demás, por bienintencionado que sea, es administración del conflicto con mejor escenografía, pero sin acuerdos finales que resuelvan finalmente el conflicto político que Venezuela viene arrastrando por años.

www.elnacional.com/columnas/2026/08/la-negociacion-cuanto-cuesta-una-fecha-electoral/