Pasar al contenido principal

¿Mayoría y unidad? (XI)

CNE
Tiempo de lectura: 10 min.

A la memoria de Ignacio “Nacho” Ávalos, para quien los temas electorales −y el fútbol, su pasión− no tenían secretos; descansa en paz, amigo

Estrategias y contraestrategias en 2016

Las estrategias del oficialismo y la oposición inevitablemente confluyen sobre una misma realidad, pero se podría afirmar que, en 2016, por primera vez desde 1999, la iniciativa estuvo en manos de la oposición. Y aunque en 2016 no tuvimos ningún proceso electoral, es importante hacer un resumen de los hechos políticos, sociales y económicos más notorios de ese año, pues estuvo cargado de acontecimientos políticos no tan luctuosos, afortunadamente, como los de 2014, año que también estuvo desprovisto de comicios pero marcado por hechos políticos con más de 40 fallecidos. Veamos, en esta crónica, lo ocurrido en un período en el que no hubo procesos electorales.

Estrategia oficial

A partir de la derrota sufrida por el gobierno en las elecciones parlamentarias de 2015, distinguiría dos momentos en la estrategia oficial. En un primer momento, después de la derrota del 6 de diciembre, la estrategia inmediata se orquestó con el PSUV, que demandó la nulidad de las elecciones en varios circuitos y entidades, especialmente en el estado Amazonas, con la Asamblea Nacional que, como ya vimos, modificó la composición del TSJ, y con el propio TSJ, que anuló todas las decisiones de la AN2015. En un segundo momento, la estrategia descansó o se apoyó casi exclusivamente en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el proceso de control y represión política, especialmente desde la Fiscalía General de la República y sus esfuerzos de siempre por dividir a la oposición.

En términos generales, el gobierno continuó con la estrategia que venía desarrollando desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013: el control político y electoral, y el recrudecimiento de la intimidación y represión a sus adversarios políticos. Enfrentó las diversas situaciones con el apoyo fundamental del TSJ —y después de la ANC, que veremos en detalle más adelante—, como el intento de juicio político de la AN2015, el intento de una enmienda constitucional para sacarlo del cargo, la fallida convocatoria de un referendo revocatorio y, por supuesto, las manifestaciones de calle producidas por la explosiva situación económica y por el intento de despojar de sus atribuciones al Poder Legislativo.

En materia económica, solo mencionaré ahora que la estrategia gubernamental se centró en el Decreto N.º 2.184 de Emergencia Económica, que fue renovado y prorrogado ininterrumpidamente en más de 20 oportunidades y durante cinco años consecutivos, hasta principios de 2021. La narrativa oficial, recogida en el decreto, sostenía que Venezuela enfrentaba una "guerra económica" orquestada interna e internacionalmente; una “guerra financiera inducida, acompañada de un ataque a la moneda y acaparamiento y boicot de alimentos e insumos por parte de sectores económicos”. De allí el decreto y medidas como el control cambiario con tipos de cambio múltiples, devaluaciones y medidas populistas de subsidios, como el Carnet de la Patria y las cajas CLAP, que hoy sabemos en qué derivaron.

En materia política, el gobierno le salió al paso a todas las iniciativas que, fundamentalmente desde la AN2015, adelantara la oposición, siempre apoyándose en el TSJ, que como ya vimos produjo sentencias ad hoc para cada una de las circunstancias que se presentaban y, por supuesto, acompañándolas eficientemente con una dura represión. Veremos el despliegue de la estrategia gubernamental de respuesta al evaluar la estrategia de la oposición, hasta que el oficialismo retomó la iniciativa y convocó e instaló la ANC.

La Hoja de Ruta opositora

Como ya señalé en mi artículo anterior (ver https://bit.ly/47YZwTk), tras su importante e indiscutible victoria en diciembre de 2015, la oposición democrática venezolana —a través de la MUD y algunos sectores independientes de la misma— desplegó una estrategia agrupada en tres elementos fundamentales: la acción a través de la AN2015, la movilización de calle y la internacionalización del conflicto.

La AN2015 intentó aprobar varias leyes y decisiones que, como también vimos, fueron bloqueadas por el TSJ; no obstante, emprendió otras iniciativas y fue pieza fundamental de la oposición. La MUD, por su parte, el 8 de marzo de 2016 presentó la llamada Hoja de Ruta 2016 con tres vías constitucionales simultáneas: el Referéndum Revocatorio Presidencial, la Enmienda Constitucional y la Exigencia de Renuncia Voluntaria del Presidente de la República. Veamos cómo se desarrolló cada una de ellas y cuál fue la actuación coordinada de los poderes del Estado en contra de estas iniciativas.

El Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP)

Vale la pena ver con cierto detalle lo ocurrido con la propuesta opositora de realizar el referendo revocatorio en 2016, lo que nos permite también apreciar cómo combinó el gobierno su estrategia. En efecto, el Poder Ejecutivo desplegó todo su poder de Estado: los órganos represivos, el TSJ y los tribunales penales regionales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los gobernadores de estado y los colectivos y grupos de choque del PSUV, todos coordinados para contener a la oposición. Son hechos que algunos no quieren reconocer, otros los desconocen y muchos los han olvidado.

  • El RRP fue planteado por la MUD el 9 de marzo de 2016 al solicitar al CNE el formato de planilla para iniciar la recolección de las firmas de 1 % del registro electoral (RE). Después de mes y medio de introducida la solicitud, el 26 de abril el CNE entregó el formato para recoger las rúbricas y, durante los días siguientes, según la MUD se recabaron más de 1,8 millones de firmas, frente a las aproximadamente 200 mil que se necesitaban.
  • Dos meses —sí, dos meses— más tarde, del 20 al 24 de junio de 2016, el CNE inició el proceso de validación de las firmas con todo tipo de obstáculos: obligar a acudir personalmente a una de las pocas mesas dispuestas y ubicadas en zonas rurales y sitios remotos, con restricciones de horario. Se llegó al absurdo de exigir que el 1 % de las firmas se cumpliera en cada entidad o estado y que si en uno de ellos no se lograba, todo el proceso sería invalidado. No obstante, el 1 de agosto de 2016 el CNE tuvo que “validar” unas 400 mil firmas (el doble de las necesarias para 1 % requerido), pero continuaba sin fijar la fecha para la recolección de 20 % de las firmas del RE destinadas a activar el RRP.
  • Sería después de la llamada Toma de Caracas —convocada para el 1 de septiembre y tras las gigantescas movilizaciones, la represión desplegada por el gobierno, las detenciones y el hostigamiento a manifestantes opositores, además de las contramarchas del oficialismo— que el 21 de septiembre de 2016 el CNE fijaría la fecha (26, 27 y 28 de octubre, cinco semanas más tarde) para la recolección de 20 % de las firmas del RE necesarias para activar el referendo.
  • No obstante, el 20 de octubre, tribunales penales regionales de Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar, coordinadamente y al unísono, pero sin competencia jurídica en la materia, paralizaron el proceso por “presunto fraude masivo en la recolección de 1 % de las firmas”. Ese mismo día, ahora sí de manera rápida y diligente, el CNE suspendió indefinidamente el proceso.
  • Días más tarde y ante el amparo solicitado por un abogado el 21 de octubre para reanudar la recolección de firmas, el TSJ, argumentando contradictoriamente como es usual pero aduciendo razones formales, declaró inadmisible el recurso sin pronunciarse a fondo sobre la suspensión, la cual tampoco derogó y por tanto se mantuvo firme. Nunca más se reanudaría ese proceso.

Enmienda, solicitud de Renuncia Voluntaria y abandono del cargo

Simultáneamente con la iniciativa del RRP, el 20 de abril de 2016 la AN2015 había activado una Enmienda Constitucional —la N.° 1— para acortar el mandato presidencial. Pero el 25 de abril de 2016 la Sala Constitucional del TSJ emitió la Sentencia N.º 274, decretando que cualquier enmienda que recortara el período no podía aplicarse con efecto retroactivo, es decir, al presidente en ejercicio, bloqueando esta iniciativa de manera definitiva y haciendo que la oposición y la AN2015 se concentraran en el RRP, la exigencia de renuncia voluntaria del presidente de la República y otras presiones políticas.

La renuncia voluntaria del presidente fue una solicitud formal y pública presentada el 8 de marzo de 2016 por la MUD, que hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que presentara su renuncia con base en el artículo 233 de la Constitución (falta absoluta por renuncia). Días más tarde, el 12 de marzo de 2016, se iniciaron jornadas de movilización y presión de calle respaldando esta exigencia que, por supuesto, desató represión y contramarchas, sin producir ningún resultado.

El abandono del cargo surge al fracasar las vías anteriores y se concreta el 25 de octubre, tras la suspensión del RRP. La AN2015 aprueba entonces iniciar la evaluación de la responsabilidad política e interpelación a Nicolás Maduro por parte de la Asamblea para declarar el abandono del cargo, con base también en el artículo 233 de la Constitución y debido a la supuesta “omisión y dejación deliberada de sus funciones y deberes constitucionales”.

Este proceso, por razones tácticas y estratégicas de la AN2015 y la MUD, fue abandonado en noviembre de 2016 a cambio de iniciar la Mesa de Diálogo con la mediación del Vaticano y Unasur, que se instaló en Caracas el 30 de octubre de 2016. Sin embargo, a pesar de la mediación y lo auspicioso y atractivo de los puntos planteados en las mesas temáticas —un calendario electoral definitivo, apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, liberación de los presos políticos y restitución de las competencias constitucionales de la AN2015—, para diciembre de 2016 el proceso de diálogo colapsó al congelarse el trabajo en dichas mesas por el incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno.

Situación económica

El análisis y caracterización de la situación política del país quedarían incompletos sin resumir la situación económica de 2016. En enero de 2016, como ya vimos (ver https://bit.ly/47YZwTk), el gobierno emitió un Decreto de Emergencia Económica y Estado de Excepción (Decreto N.º 2.184) aduciendo la caída del ingreso petrolero, de los ingresos fiscales, de las importaciones y los estragos causados por la llamada guerra económica, según el oficialismo orquestada por sectores empresariales de oposición desde el interior y el exterior del país. Dada la opacidad en materia de cifras oficiales debido al llamado apagón estadístico del BCV, la situación económica era oscura, pero lo que sufría la población era meridiana y desafortunadamente clara; basta ver cómo se reflejaban los resultados de la política económica del gobierno en algunos indicadores.

Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada por las principales universidades del país, la pobreza por ingresos pasó de 81,8 % de los hogares venezolanos en 2016 a 87,0 % en 2017, mientras que la pobreza extrema subió de 51,5 % a 61,2 % en el mismo período. Realmente no hacía falta conocer las cifras oficiales, ni siquiera las de Encovi, pues en la calle se sentía la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. En 2016, diversas asociaciones y gremios calcularon que el desabastecimiento superó 80 % en alimentos básicos y 85 % en medicinas; vimos surgir colas por todas parte y cómo se recurría al mercado negro y florecía el fenómeno del bachaqueo, que alcanzó en esos años —2016 y 2017— su punto más alto.

El lamentable y pernicioso resultado de esta situación fue recogido también por la encuesta Encovi, que reportó en 2016 una pérdida de peso promedio de 8,7 kg por persona (que aumentaría a 11 kg en 2017). Fue lo que la sabiduría popular denominó con no poco humor sarcástico la Dieta de Maduro y que el propio Nicolás Maduro, con su proverbial cinismo, ayudó a viralizar (las encuestas Encovi se pueden consultar en: https://www.proyectoencovi.com/).

Suspensión de las elecciones regionales de 2016

Con base en la situación política y económica del país, el 18 de octubre de 2016 el CNE pospuso las elecciones regionales —elecciones de gobernadores— que debían realizarse en ese año, pasándolas para el primer trimestre de 2017, fecha en la cual tampoco se realizarían. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena (†), justificó esa medida basándose principalmente en una sentencia del TSJ —la N.º 341— de enero de 2016, en la cual se ordenaba al CNE realizar un proceso de legitimación y renovación de los partidos políticos que no hubieran obtenido 1 % de los votos en las últimas elecciones o que no hubieran presentado candidatos con tarjeta propia. Como se recordará, la oposición presentó sus candidatos bajo la tarjeta de la MUD, de manera que ningún partido podía cumplir este requisito y todos estarían obligados a legitimarse.

La presidenta del organismo alegó entonces que no se podían realizar elecciones regionales sin depurar la lista de partidos y saber cuáles de ellos cumplían todos los requisitos legales, sin cumplir con las auditorías técnicas y sin depurar el Registro Electoral. Voceros del CNE también alegaron que el organismo se había mantenido ocupado durante gran parte del año en los trámites y procesos del abortado RRP. Igualmente, voceros del gobierno justificaron la medida por la llamada emergencia económica, decretada por Nicolás Maduro, que asignaba la prioridad de los recursos del Estado a otros menesteres y no a contiendas electorales.

Conclusión

De esta manera tenemos el cuadro de lo que era la situación económica y política de Venezuela, con la cual se llegó a los procesos electorales de 2017: la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, las elecciones regionales y las elecciones municipales, que analizaré en próximas entregas.

https://ismaelperezvigil.wordpress.com