En todos los países, en unos más, en otros menos, existen personas desvergonzadas que hacen daño. Lamentablemente, por falta de formación ciudadana, en Venezuela hay muchos y entre ellos los fiscales y jueces se llevan la palma. Nuestro sistema judicial nunca se ha destacado por actuar conforme a las leyes y al debido proceso, pero generalmente las fallas habían sido por aceptar dinero de culpables de delitos a quienes dejaban en libertad. Muchas dictaduras son tan descaradas que manu militare encarcelan o desaparecen a quienes consideran enemigos. Otras apelan a fiscales y jueces corruptos para enjuiciar a opositores políticos. La de Maduro se caracteriza por llevar a los tribunales a cualquiera, sea político o que simplemente disienta de su gestión.

El trabajo de fiscales y jueces de Maduro es el de sembrar terrorismo de estado entre los ciudadanos. La aberrante Ley contra el Odio es uno de sus caballitos de batalla. Se la aplican a cualquiera que les indique Miraflores. Tarek Saab, el usurpador Fiscal General, recibe las órdenes, las transmite a los fiscales subalternos y los jueces acatan y cumplen. Periodistas, defensores de derechos humanos, políticos, voluntarios que trabajan para la realización de elecciones, militares percibidos como sospechosos, familiares de personas importantes que no comulgan con el régimen o simples ciudadanos que hacen un chiste o divulgan información por las redes sociales son víctimas sometidas a desaparición forzada, encarceladas, torturadas e incluso dejadas morir por falta de atención médica. 

Citar todos los casos no es posible en un artículo y ocasiona malestar en quien esto escribe, ya que mencionamos a los más conocidos y obviamos al resto. Quienes tienen más de 20 años presos por los sucesos del 11 de abril son los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Luís Molina y Héctor Rovaín; acusados sin pruebas por el asesinato del fiscal Anderson, están Rolando y Juan Bautista Guevara. Entre los defensores de derechos humanos podemos citar a Rocío San Miguel y a Javier Tarazona. Entre los 20 periodistas está nuestro apreciado Roland Carreño y Ana Carolina Guaita. Entre los militares, Igber Marín, Juan Carlos Marrufo y Carla Antón Farías. 

 Los políticos presos están representados por Juan Pablo Guanipa, Williams Dávila y Rodrigo Cabezas, por los sindicalistas está Carlos Alberto Gómez Durán. Por diversas acusaciones que incluyen unos supuestos drones e inventados actos terroristas se encuentran presos Emerlinda Benitez y Josnar Baduel, y por el partido Bandera Roja, Alonso Meléndez. 

Por Vente Venezuela, la organización política de la líder de la oposición, están detenidos alrededor de 60 dirigentes u organizadores de la pasada elección en la que resultó electo por abrumadora mayoría Edmundo González. El perdedor Maduro centró su venganza, entre otros, en Catalina Ramos, Henry Alviarez, María Oropeza, Dignora Hernández y Emill Brand. 

Cuando llevaba sus hijos al colegio fue apresado por policías encapuchados Rafael Tudares. Cometió el grave delito de ser yerno de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. En días pasado El Nacional informó que fueron sentenciadas a diez años por la jueza Yuly Coromoto Durán Gutiérrez, las jóvenes Génesis Pabón y Rocío Rodríguez. Ellas fueron imputadas por las fiscales Elda Contreras y Lupe Fernández por incitación al odio terrorismo y traición a la patria. El delito fue imprimir unas franelas con las estatuas derribadas de Hugo Chávez después de la elección del 28 de julio 2024. Según declararon las jóvenes, aceptaron un pedido que después supieron era de la policía que fabricó un falso positivo.

Lo citado son unos pocos ejemplos de los desvergonzados que son los fiscales y jueces del régimen de Maduro. Sin duda que esta situación no debe, ni puede perdurar. La justicia se impondrá. 

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