Hace exactamente dos décadas, las máximas instancias judiciales de Venezuela pretendieron sentar un precedente histórico en materia de protección ambiental. A través de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dictaron medidas de amparo para proteger a las familias de La Punta y Mata Redonda frente al implacable y silencioso ascenso del Lago de Valencia. Aquellas decisiones fueron celebradas y anunciadas con el bombo burocrático de quien cree haber descubierto un nuevo paradigma en la tutela de los derechos de tercera generación. Sin embargo, el tiempo, ese juez implacable que no admite dilaciones procesales ni prórrogas políticas, ha demostrado una verdad incómoda: la justicia dictada exclusivamente sobre el papel, cuando se desvincula de la ingeniería sanitaria y de la voluntad presupuestaria, no es más que una dolorosa ilusión.
Hoy, la realidad en el sur de Maracay es sustancialmente más grave y degradada que en el año 2006. Sectores contiguos como Paraparal, El Aguacatal y Brisas del Lago, que en su momento quedaron convenientemente excluidos de aquellas acciones de amparo bajo criterios puramente administrativos, habitan hoy en un estado de emergencia sanitaria permanente. Sus habitantes no solo enfrentan la amenaza física de una cuenca endorreica que, al no tener salida al mar, reclama incansablemente su espacio natural; también conviven diariamente con el colapso sistemático de las redes de saneamiento básico, una infraestructura invisible que ha dejado de funcionar.
Para comprender el fondo de esta crisis antropogénica, es indispensable abordar el concepto legal y ecológico de los intereses difusos. En términos sencillos, un interés difuso es un derecho que nos pertenece a todos como colectividad y que resulta matemáticamente imposible fraccionar. El aire limpio que respiramos o la salud ambiental del suelo que pisamos no admiten títulos de propiedad privada; le pertenecen al tejido social en su conjunto. Por lo tanto, cuando el entorno de un barrio se contamina con aguas servidas debido al ascenso del nivel freático, el perjuicio no se detiene en el umbral de una vivienda en particular. El daño ambiental golpea de manera indivisible y sistemática a cada familia de la zona, alterando la viabilidad biológica y humana de toda la comunidad.
Tratar la catástrofe del sur de Maracay como un problema parcelado fue el error de diseño original. Al saturarse el acuífero freático por la ausencia crónica de un control efectivo del balance hídrico, las tuberías de drenaje pierden por completo su capacidad de descarga por gravedad. Sin estaciones de bombeo o de achique operando de manera continua y eficiente, el agua servida retrocede con fuerza por los colectores, brotando directamente en los patios, cocinas y salas de las viviendas de Paraparal, El Aguacatal y Brisas del Lago. Esta realidad no es un accidente meteorológico; constituye una violación continuada del Artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DESCA).
A este sombrío panorama se suma el colapso del parque de tratamiento de la cuenca. La paralización casi total o el rendimiento marginal de infraestructuras críticas, como las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) de Los Guayos y Taiguaiguay, no representa un simple contratiempo técnico o un retraso de mantenimiento. Es un ecocidio por omisión. Cada litro de agua residual que se vierte sin depurar acelera la eutrofización del lago, acumulando nutrientes que alimentan floraciones masivas de cianobacterias tóxicas y deteriorando irreversiblemente la calidad de las mismas fuentes hídricas que abastecen al propio Sistema Regional del Centro (SRC). Estamos envenenando el agua que mañana intentaremos potabilizar.
Desde Agua Sin Frontera sostenemos de forma categórica que la crisis hídrica de la región central no se resolverá con paños calientes, parches temporales ni promesas electorales sin respaldo científico. La gravedad de la situación exige, en primer lugar, un acto de honestidad institucional: el reconocimiento inmediato de que Paraparal, El Aguacatal, La Esmeralda, Casanova Godoy y Brisas del Lago son víctimas de la misma emergencia ambiental y deben ser incluidas de urgencia en los planes globales de indemnización, reubicación y saneamiento.
En segundo lugar, es urgente ejecutar las grandes obras de ingeniería sanitaria que han sido postergadas por décadas. Esto implica la reactivación real y la modernización de las plantas de tratamiento existentes, la construcción de la infraestructura de depuración faltante, la separación estricta de las redes de colectores pluviales y de aguas servidas, y un control riguroso del balance de entrada y salida de la cuenca. Asimismo, resulta imperativo convocar a la academia nacional e internacional para debatir, de manera transparente, la alternativa más viable para el trasvase de los excedentes hídricos, orientándolos hacia el aprovechamiento de una agricultura sostenible. Debemos incorporar urgentemente soluciones basadas en la naturaleza para recuperar el cuerpo de agua del lago, transformándolo de una amenaza latente en el verdadero eje de desarrollo para la región central del país.
Vivir entre efluentes cloacales no es un destino geográfico ni una fatalidad inevitable. Dos décadas de negligencia y espera han sido más que suficientes para comprender que los derechos ambientales son inalienables. La restitución de la dignidad comunitaria en el sur de Maracay no llegará a través de nuevas retóricas legislativas, sino a través del rigor inquebrantable de la ingeniería aplicada.
Director de la Fundación Agua Sin Frontera